El Gobierno de Entre Ríos enviará esta semana a la Legislatura provincial el proyecto denominado “Ley de Transición de Gobierno”, que busca prohibir las designaciones de planta permanente, las transferencias de dependencias y las recategorizaciones en el último año de gestión, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo provincial.
En este sentido, se indicó que “en el último año de la gestión anterior aumentaron las designaciones casi un 30%”.
“Nos vamos a autolimitar la posibilidad de designar personal de planta permanente, reasignar cargos entre distintas dependencias o recategorizar empleados. No se puede seguir utilizando al Estado como una agencia de empleo”, aseguró Frigerio al referirse a la iniciativa que enviará a la Legislatura provincial.
Según se anunció oficialmente, de acuerdo a la información proporcionada por la Legislatura provincial, “de las 71 designaciones que tuvieron lugar en la última gestión en Diputados, 47 se efectuaron el último año; más del 66%”.
También se indicó que “en el caso del Senado, desde 2019 al 2021 no hubo designaciones, mientras que el último año se designó a 74 personas. Es decir, en la sumatoria de ambas cámaras, en apenas un año se aumentó en casi un 30% el personal designado en planta permanente”.
El Gobierno de Entre Ríos también explicó que “en línea con las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, el gobierno entrerriano presentará la semana próxima un decreto para dar de baja todas las designaciones irregulares, tanto en el poder Ejecutivo como en el Legislativo provinciales”.
Asimismo, se enviará otro decreto para realizar una auditoría en los ministerios provinciales, con el objetivo de dar de baja las designaciones irregulares en todas las dependencias del Poder Ejecutivo de Entre Ríos ocurridas durante el último año y medio.
Según se explicó “la Ley de Transición de Gobierno busca, en primer lugar, evitar abusos de los gobiernos salientes en el ejercicio de sus prerrogativas, especialmente aquellas de tipo presupuestario (como iniciar procesos de licitaciones y/o contrataciones que excedan los compromisos establecidos en la Ley de Presupuesto vigente)”.
“Por otro lado, organiza y asegura que la información esté disponible para el gobierno entrante para un conocimiento preciso del estado de situación económica, política y social; al saliente, rendir cuentas de su gestión de lo realizado; y a la ciudadanía, acceder a la información sobre el estado de situación del gobierno saliente”, explicaron desde el Ejecutivo entrerriano.