La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación nuevamente el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE). La iniciativa cuenta con las firmas de 34 diputadas y diputados nacionales, entre ellas la de la entrerriana Carolina Gaillard (FpV), quien preside la Comisión de Salud,y una de las que deberá abordar la iniciativa.
En paralelo a la presentación en el Congreso, distintas ciudades serán protagonistas a través de actividades para informar del texto, que fue presentado por primera vez hace ya nueve años. En Paraná, por caso, habrá un “conversatorio” este mismo jueves, desde las 15.30 y hasta las 19.30, en el bar Shine, ubicado en la esquina de San Martín y Carbó.
La iniciativa no avanzó en todos estos años por presión de sectores conservadores, entre ellos el eclesiástico, pero tampoco el Ejecutivo nacional –entonces presidido por Cristina Kirchner- y varios legisladores avalaban esa ley. Recientemente, el actual mandatario Mauricio Macri pidió en Tucumán, en ocasión de participar del acto de clausura del XI Congreso Eucarístico Nacional, “defender la vida desde la concepción hasta la muerte”, con lo cual dejó en claro su postura sobre este tema. Así, el Estado sigue dando la espalda a un tema espinoso pero que merece debate, ya que el aborto clandestino es “la principal causa de mortalidad de mujeres gestantes en nuestro país”, según advierte el proyecto.
Pero quienes impulsan el proyecto no apuntan sólo a la despenalización del aborto, sino también que se efectivice la educación sexual en las escuelas del país. Por algo, el lema es “Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no Abortar, Aborto Legal, Seguro y Gratuito para no Morir”. En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación reconoció que “en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año”, según recuerda el proyecto que ingresará mañana en Diputados. En 2014, murieron como consecuencia de un aborto inseguro 43 mujeres, un 30 por ciento más que en 2012, según las estadísticas oficiales.
Pero la criminalización del aborto alcanza a mujeres que sufrieron uno espontáneo, como el caso reciente de una joven tucumana que fue condenada a 8 años de prisión por el delito de “homicidio calificado por el vínculo”. Pese a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada en 2012 sobre el acceso a esta práctica cuando peligra la vida o cuando hay violación, se suceden los casos en que se dificulta la aplicación rápida y efectiva, muchas veces también apañada por los restrictivos protocolos de actuación que tienen algunas provincias.
En Entre Ríos
En enero de este año, asumida la nueva gestión provincial, el ministro de Salud Ariel de la Rosa había anticipado que la provincia iba a adherir al protocolo nacional sobre aborto no punible, tras las polémicas en que quedó envuelto el que regía anteriormente y del que las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres pedían la derogación. Quien había impulsado en la provincia el protocolo más bien restrictivo fue el ex ministro de Salud Hugo Cettour, en mayo de 2012, exfuncionario urribarrista que no estuvo exento de polémicas en su función.
Pero la aplicación de ese protocolo fue considerado restrictivo por distintas organizaciones, entre ellas, Amnistía Internacional, que en 2015 pidió al ex ministro Carlos Ramos una reforma, aunque sin éxito. La organización sostuvo que el protocolo provincial “contrariaba el texto de la resolución de la Corte, que sólo exige una declaración jurada de la víctima de una violación”. Pero a nivel legislativo también hubo intentos de abordar este tema, ya para frenarlo o avanzar en el debate. El último ocurrió el año pasado, con el ex senador César Melchiori (FpV-Islas), quien quería dar medio aval a una iniciativa suya de 2012 para volver aún más restrictiva esta práctica. Finalmente, tras la presión de organizaciones, el texto fue archivado en diciembre pasado.
En 2010, dos años antes del fallo de la Corte, el Senado había aprobado por unanimidad un proyecto de comunicación del entonces senador de Nogoyá, Juan Aurelio Suárez, por el que se rechazó “en forma terminante cualquier iniciativa legislativa tendiente a establecer la despenalización del aborto y/o la instauración de disposiciones legales y/o administrativas en el seno de los Estados provincial y/o nacional orientadas en tal sentido”, y aseguró que “el aborto inducido es un crimen de lesa humanidad”. Suárez también presentaba cada año una iniciativa en favor de los derechos del niño por nacer.
Más proyectos
Durante su mandato en la Legislatura, la exdiputada provincial Lucy Grimalt impulsó el debate sobre los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en la provincia. También la exlegisladora realizó en su momento un fuerte acompañamiento, en 2007, a la joven entrerriana discapacitada a la que se le practicó un aborto terapéutico fuera de la provincia tras ser violada, y cuestionó que el Estado entrerriano no garantizara la práctica. también de autoría de Grimalt fue el proyectoque impuso el debate por la ligadura de trompas y vasectomía en los hospitale spúblicos de la provincia.
(Fuente: RecintoNet)