Se decretó la quiebra de la empresa de las cosechadoras que recibió respaldo económico de la Provincia. Las máquinas nunca se construyeron, aunque se habían prometido a Angola y la propia Cristina Fernández posó para la foto frente a Casa Rosada.
La empresa Grandes Máquinas, beneficiada con fondos públicos provinciales, quebró. Se trata de la firma que prometió construir maquinaria agrícola, promocionadas frente a la Casa Rosada, con la presidenta Cristina Kirchner. Iban a venderse a Angola, pero nunca pudieron hacerse funcionar. El juez en lo Civil y Comercial Nº 3 de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela, dispuso la quiebra de la empresa el 14 de marzo pasado, en el concurso preventivo de acreedores que había solicitado por la propia empresa el año pasado. El magistrado dispuso también que el 30 de junio próximo el síndico deberá presentar un «informe general» en el que exprese las causas del desequilibrio económico de la empresa, un detalle del activo y pasivo, la situación de los socios respecto de la compañía y si son pasibles de una denuncia penal, entre otros puntos.
Asimismo, intimó «a todos aquellos que tengan bienes o documentos del deudor» a que presenten los documentos respaldatorios ante el síndico, Horacio Larrivey, mientras que los empresarios deberán también «entregar al funcionario dentro de las 24 horas toda la documentación referida a su situación patrimonial, disponiendo la prohibición de hacer pagos o entrega de bienes al fallido, los que se tendrán por ineficaces», según consignó el fallo que se publicó ayer en el Boletín Oficial. Si bien la empresa tiene una larga lista de acreedores, la deuda más importante la tiene con el Estado provincial, a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), que le reclama 6.052.707 pesos, por subsidios que le otorgó entre 2011 y 2013 para montar la fábrica de cosechadoras en Concepción del Uruguay, a lo que deberá sumar los intereses por no haber devuelto los créditos en tiempo y forma. A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exige el pago de 778.000 pesos y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) reclama una deuda de 250.000 pesos; mientras que el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay presentó documentos por 56.000 pesos en concepto de alquileres impagos por el «elefante naranja», como se denominó en la jerga política al glpón que utilizaba la empresa en el Puerto.
Además, desde el 15 de diciembre de 2011, Grandes Máquinas Concepción del Uruguay emitió 182 cheques que fueron rechazados por falta de fondos, por un monto total de 4.218.632,05 pesos. De esos, se abonaron solo 72 cheques, por 1.491.056,86 pesos, es decir, el 35%. Esta decisión del juez Portela debería tener una repercusión inmediata en la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Paraná, tras la denuncia formulada por el abogado Guillermo Mulet por un posible fraude contra la administración pública, en virtud de los millonarios créditos que recibió la empresa. Allí están imputados los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Bohl. La fiscal Sandra Terreno los acusó por presuntas irregularidades en el uso de subvenciones públicas, un delito que tiene penas de dos a seis años de prisión. Sin embargo, la investigación no avanzó más allá de aquellas imputaciones y a casi un año de formulada la acusación la causa se encuentra estancada en la producción de medidas preliminares.