La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el megaproyecto impulsado por el Gobierno, que promueve el blanqueo de capitales y el pago a los jubilados con 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones.
Con la ayuda del Frente Renovador de Sergio Massa y del bloque Justicialista -con Diego Bossio a la cabeza-, la alianza oficialista Cambiemos consiguió la aprobación de este proyecto y celebró logros en las dos Cámaras con la aceptación en el Senado de los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia.
La sesión especial convocada para tratar la ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y de Blanqueo de Capitales duró más de doce horas. El titular de la Cámara, Emilio Monzó (PRO), dio inició al debate a las 11.15 con 130 diputados en el recinto del oficialismo y bloques opositores, excepto el Frente para la Victoria-PJ (FPV-PJ), que ingresó cuando ya había quórum.
El resultado confirmó las cuentas que tenia el Gobierno en mente antes de la sesión, ya que auguraba un piso de no menos de 160 votos positivos a la iniciativa. Con disidencias en la votación en particular, sectores del FPV acompañaron el proyecto. Al acompañamiento de la iniciativa también se sumaron el massismo, el bloque Justicialista, el Frente Amplio Progresista (FAP) -que rechazó el capítulo referido al blanqueo-, y los bloques Juntos por Argentina, de Darío Giustozzi, y Compromiso Federal, que responden a los Rodríguez Saá.
En el inicio del debate, el massista y presidente de la comisión de Previsión Social, Héctor Daer, pidió “no retroceder a la noche negra de las AFJP” e insistió en “dejar bien en claro en este recinto y comprometernos todos a [ir hacia] un sistema universal, solidario, sustentable, público y de reparto”.
Por su parte, el macrista Luciano Laspina, titular de la comisión de Presupuesto, defendió el proyecto de pago a los jubilados y destacó “la necesidad de sancionar esta ley para reparar una deuda histórica con más de 2,5 millones de jubilados”.
Asimismo sostuvo que se trata de “una decisión valiente del presidente Mauricio Macri, de estricta justicia, que pone a nuestro sistema previsional conforme a derecho” y aseguró que “construye sobre lo hecho y no viene a dinamitar ninguna de las mejoras que se dieron en los últimos años en el sistema previsional, que tiene una alta cobertura a partir de los esfuerzos para subir la jubilación mínima”.
Diferente fue la opinión del ex ministro de Economía Axel Kicillof (FpV), quien advirtió que el megaproyecto “es invotable” y aseguró que “no se necesita ley” para realizar los cambios que se proponen.
“Hay en esto un hecho que para mí es grave, bajo la idea que esto viene a reparar la situación de los jubilados se ha generado una expectativa para los 6,7 millones de jubilados que bajo esta ley van a tener una mejora. Y no es así”, sostuvo el legislador al exponer sobre el dictamen de minoría firmado por su bancada.
Marco Lavagna (Frente Renovador) ratificó el acompañamiento del massismo a la propuesta oficial, pero aclaró que “nadie puede estar contento con un blanqueo de capitales con una moratoria”.
Lavagna sostuvo que el proyecto “es un buen paso inicial en la línea correcta” pero advirtió que “todavía hay mucho para trabajar” para garantizar una vejez digna.
La jefa del GEN, Margarita Stolbizer, anticipó el acompañamiento del Frente Amplio Progresista pero marcó sus diferencias con la incorporación de la pensión para la vejez, al remarcar que “no estamos dispuesto a ser regresivos y no vamos a aceptar que haya una ley inferior a la jubilación mínima”.
La propuesta
La propuesta promueve la declaración de la emergencia en litigiosidad previsional que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron por la mal liquidación de sus haberes, que serán financiados con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales.
Además se prevé la actualización de los haberes y se impulsa la creación de la pensión a la vejez para mayores de 65 años, que se pagarán con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. La propuesta obtuvo rápido el apoyo de los gobernadores tras la firma del acuerdo para devolverles el 15 por ciento de la coparticipación que desde 1992 se retenía para financiar el sistema previsional.
Además se otorga un beneficio a los trabajadores de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que no están alcanzados por Bienes Personales para que queden exceptuados del pago de Ganancias en el medio aguinaldo de junio. Asimismo establece que las tenencias accionarias de la Anses no deberán ser inferiores al 7 por ciento.
(Fuente: DyN – Télam- Recintonet)