Exige, en cambio, su reemplazo por radares que se encuentren debidamente señalizados, conforme lo regula la norma ya que los actuales controles se hacen utilizando radares o equipos electrónicos.
Exige, en cambio, su reemplazo por radares que se encuentren debidamente señalizados, conforme lo regula la norma ya que los actuales controles se hacen utilizando radares o equipos electrónicos.
Paraná.(RN). El diputado Enrique Fontanetto (EA) le pidió al Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Agustín Sella, que solicite a los gobiernos de las provincias de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) que estén utilizando radares o equipos electrónicos que permiten la captación de infracciones a través de foto radar, que cesen en la implementación de este sistema.
Fontanetto señaló además que “es absolutamente claro que la Ley Nº 26.363 y el Plan Nacional de Seguridad Vial (Decreto Nº 1232/2007), establece que en ningún caso la implementación de estos sistemas tendrá como finalidad principal la recaudación proveniente de la aplicación de las sanciones pecuniarias que resulten de las infracciones constatadas por dicho medio, y exige la eliminación de radares ocultos y su reemplazo por radares que se encuentren debidamente señalizados, conforme lo regula la normativa dictada al efecto.”
El legislador del Encuentro Amplio remarcó que “resulta imprescindible reorientar la aplicación de la legislación ya que hace tiempo se viene planteando, en reuniones, en los medios de prensa, con denuncias en la Defensoría del Pueblo el “problema de la fotomulta”, y me ha tocado particularmente recibir las quejas de diversas organizaciones que entienden afecta considerablemente la credibilidad y promoción del turismo, ya que la Autovía 14 es una fuente importante de ingreso, circulación y movilidad que beneficia a nuestra provincia», dijo en declaraciones enviadas a RecintoNet.
Finalmente, Fontanetto sostuvo que “debemos hacer el esfuerzo de brindar respuestas concretas a esta problemática, ya que de no tener una correspondiente solución ocasiona para los damnificados todo tipo de inconvenientes personales, legales y económicos que nada tienen que ver con los principios de las leyes mencionadas ni con el deber indelegable del Estado de encauzar las conductas de los automovilistas a fin de proteger la vida reduciendo los siniestros de tránsito.”(RecintoNet)