Durante la apertura de la XIX Reunión Plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos, realizada en Paraná, participó el presidente del Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, Baltasar Garzón.
El ex juez español destacó lo conseguido en políticas de Estado sobre derechos humanos en la Argentina y resaltó que «cuando se dice que la política de derechos humanos es de segunda categoría, quien eso afirma, no tiene el derecho a representar a ciudadanos porque está quebrantando la regla básica de la democracia que es la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos».
«Conseguir que la política federal, que las provincias, que todos y cada uno de los pueblos de la Argentina consigan establecer esa política común de derechos humanos hacia el interior y hacia fuera, sería el mejor presente que se podría hacer a los millones de argentinos que en cualquier momento pueden ver violentados sus derechos fundamentales, esa responsabilidad más que es importante, es trascendente», expresó. Garzón agradeció especialmente al gobernador Sergio Urribarri, quien lo acompañó en la capital entrerriana, «porque hay personas con las que uno empatiza desde el principio y en este caso así se produce desde que nos conocimos y realmente admiro esa dedicación sea la que es y cada vez in crescendo. Me parece muy bien que tengas que recorrer muchas provincias, muchos lugares y espero que sigas haciéndolo y que permanezcas mucho tiempo con ese mensaje, con esa convicción y con esa dirección».
Garzón destacó que «la civilización ha conseguido avanzar para que la garantía plasmada en la declaración Universal de Derechos Humanos, la dignidad humana que es la base de la justicia, la libertad, de todos y cada uno de los derechos, realmente sea una realidad». Aseguró que «la verdad, la justicia y la reparación son derechos universales de las víctimas ya consolidados y ello convertirlo en una política de Estado, realmente, al margen de las ideologías, es un valor que no se puede perder». En ese sentido, «efectivamente conseguir que la política federal, que las provincias, que todos y cada uno de los pueblos de la Argentina consigan establecer esa política común de derechos humanos hacia adentro, hacia el interior y hacia fuera, sería el mejor presente que se podría hacer a los millones de argentinos que en cualquier momento pueden ver violentados sus derechos fundamentales, esa responsabilidad no es importante, es trascendente».