Condenaron a los integrantes de «la banda de los uruguayos”, liderada por Jorge Daniel Santos Montenegro y quien recibió la pena más alta, de 12 años de prisión, por los delitos de Organizador de tráfico de drogas y Lavado de activos.
Su mano derecha, Miguel Ángel Huber Herrera, por narcotráfico, fue sentenciado a ocho años y seis meses de cárcel. Su pareja, Natalia Solange Yaben Chaparro recibió cinco años, por Lavado de activos, mismo delito que le comprobaron a Luis José Balverde Molina, a quien condenaron a cuatro años. Otro de los integrantes de la banda, Luis Roberto Pascal Veiga, recibió esta misma pena, pero por otro delito que cometía: Falsificación de moneda extranjera, al igual que Fernando Daniel Mesa, a quien le impusieron tres años de prisión condicional.
Fueron ocho años de investigación, hasta que la banda fue desbaratada en 2018. A la sentencia del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay se llegó tras cinco meses de juicio, con 56 testigos, donde acusaron la fiscal general María de los Milagros Squivo y el fiscal adjunto Francisco Bernhardt, defendieron los abogados Leandro Monje, Félix Pérez y Agustín Vizcarra.
Cuando Santos Montenegro quedó libre luego de las condenas que recibió en Uruguay, emigró a Argentina a inicios de 2010, aunque nunca quedó registrado su paso por ningún cruce fronterizo. Se radicó en una vivienda que alquilaba frente a la Aduana de Colón. En ese momento, la Justicia argentina recibió un informe de la policía uruguaya, donde ya lo estaban investigando nuevamente, sobre la presencia de Santos Montenegro en esta localidad. Comenzaron las averiguaciones y las escuchas telefónicas. El jefe narco no era ningún improvisado y era muy difícil detectarlo y seguirlo, ya que casi nunca hablaba por teléfono, salía poco de la casa y se movía en autos de alta gama que conducía a alta velocidad por las rutas.
La actividad delictiva ya le estaba dejando muy buenos réditos: compraron terrenos en el exclusivo barrio privado Club de Campo y Golf Los Bretes, en las afueras de Colón, y construyeron en tiempo récord una mansión de dos pisos, con varias habitaciones y baños, pileta y sauna. Y adquirían autos Mercedes Benz, BMW y Alfa Romeo. También, como estaban a metros del río Uruguay, compraron dos lanchas y dos motos de agua, que utilizaban para cruzar fácilmente al vecino país.
Ese barrio privado está cerca del arroyo La Leche, un curso de agua ubicado al sur de Colón, que desemboca en el río. A inicios de 2015, debajo del puente que cruza ese arroyo apareció un cadáver desnudo, envuelto en varias bolsas de consorcio y atado a la altura del cuello, la cintura y los pies. La Policía y la Fiscalía local iniciaron la investigación. Lo identificaron como Alejandro Patricio Bonfiglio Migues, uruguayo, vinculado al narcotráfico. Las pistas iban apuntando hacia Santos Montenegro. Allanaron la mansión en Los Bretes, donde secuestraron algo de droga y dólares falsos, entre otras cosas. Las pruebas no alcanzaron para imputarlo pero, presionado por el caso, decidió trasladar la banda más al sur, y se radicaron en Gualeguaychú.
Compraron un campo ubicado sobre la ruta nacional 14 denominado Paraje Sarandí, lindero al Parador y Hotel El Tagüé, un lugar estratégico. Realizaron mejoras, construyeron un galpón e iban a instalar un negocio de autopartes como pantalla. También alquilaron un predio rural sobre el río Uruguay, frente al balneario Las Cañas. Antes, habían comprado un terreno de poco más de 1.400 metros cuadrados en Villa Paranacito, ubicado sobre el arroyo Brazo Largo.
Mientras, en la investigación que se instruía en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Pablo Seró, iba llegando información de otros expedientes. Por ejemplo, en una causa del Juzgado Federal de San Martín se vinculaba a Santos Montenegro como socio de un proveedor de drogas bonaerense, para la exportación de cocaína a Uruguay.
En 2018 surgió un dato que precipitó los allanamientos y detenciones: en las escuchas surgía que un uruguayo llegaba a Entre Ríos para perpetrar un asesinato. Así se produjeron los procedimientos en Entre Ríos y Buenos Aires, y los arrestos de la banda.
En la sentencia, el Tribunal -integrado por Mariela Rojas, Jorge Gallino y Lilia Carnero- sostuvo sobre los imputados: “Conformaron una organización de personas vinculadas entre sí, que producto de actividades ilícitas, instituyeron, con habitualidad, a partir del año 2011, un patrimonio originado en esas actividades criminales, poniéndolo en circulación en el mercado local mediante diversos negocios jurídicos procurando que adquirieran así la apariencia de un origen lícito. En particular, la conducta destinada al lavado de dinero fue materializada mediante maniobras de compra de inmuebles y compra, venta y transferencia de rodados, muchos de ellos de alta gama, dándoles una apariencia lícita, llevadas a cabo por personas vinculadas a actividades criminales y sin recursos registrados ni ingresos declarados que se condigan con el patrimonio ostentado. Todos los investigadores precisaron tanto el ingreso al patrimonio de los inmuebles y los vehículos como sus transferencias posteriores”.
En su alegato, la fiscal destacó que “Santos Montenegro no registra actividad ni tiene ningún bien a su nombre”, porque eran sus laderos y otros prestanombres los que aparecían como dueños de los bienes. “Balverde Molina era titular de diferentes rodados”, y aparecía el jefe de la banda con autorización para conducir. “Yaben Chaparro tiene tres inscripciones con diferentes documentos de identidad, con uno de ellos figura inscripta como socia y directora suplente de la sociedad Valenka S.A., asimismo es propietaria de un rodado Mercedes Benz, dos motos”, sostuvo la Squivo y remarcó que “la camioneta Chevrolet Tracker que utilizaba Yaben Chaparro, figuraba a nombre de la señora. Núñez González, pareja de Huber García” con autorización para conducir de los demás integrantes de la banda.
Ese entramado de documentación con los vehículos se observa con otro auto: “Huber García registra varios tránsitos internacionales, siempre al Uruguay, en uno de los últimos, mayo de 2018 en el C4 de titularidad de Balverde Molina y en otros rodados de Robert Matías Maquiel Moreno, pareja de Jaqueline, hija de Montenegro, Cristian Puglia Romano”, refirió.
El “perfil patrimonial de algunas de las personas que surgen de la trazabilidad de los bienes, como titulares registrales de los vehículos que eran en realidad adquiridos y utilizados por la organización como maniobras para blanquear activos obtenidos en las conductas ilícitas”, aseguró. El Tribunal consideró probado que “Santos Montenegro administró importantes sumas de dinero, por ejemplo, el hallado en el domicilio de la familia del barrio privado Los Bretes en oportunidad del allanamiento realizado en el marco del homicidio de Bonfiglio, 34.100 dólares y 139.000 pesos ocultos en un espacio disimulado en el fondo de un placar de la habitación matrimonial”. Para tener una idea del volumen de dinero que manejaban, cuando allanaron la casa del campo en Paraje Sarandí, hallaron 318.250 dólares ocultos en el cielo raso.
Además de las condenas, el Tribunal dispuso el decomiso de: vehículos (dos Mercedes Benz, un Citroën C4, un Fiat Palio, una Chevrolet Tracker, una S10, dos motos, dos lanchas, dos motos de agua); inmuebles (lotes 3 y 4 de Los Bretes, el predio rural sobre la ruta nacional 14 y la parcela de Villa Paranacito); y el dinero hallado en los procedimientos.