La jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata rubricó un acuerdo de1 juicio abreviado por el cual un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, Joaquín Ignacio Oñativia, aceptó la pena de 3 años de prisión condicional, el pago de una multa y la devolución al Estado de $300 mil por haber cobrado en forma irregular una serie de subsidios de terceras personas, quienes nunca llegaron a acceder a esos beneficios.
Los beneficiados defraudados se enteraron de que habían sido beneficiados con un subsidio de Desarrollo Social que nunca tuvieron en sus manos cuando comenzaron a recibir intimaciones del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para que efectuaran la rendición de los gastos. En el curso de la investigación judicial se comprobó que Oñativia estafó a 18 personas.
Los hechos ocurrieron en 2019, cuando la actual vicegobernadora Laura Stratta era ministra de Desarrollo Social por lo cual fue la propia funcionaria la que instó a la investigación administrativa, a través de la Fiscalía de Estado, y luego se presentó ante el Ministerio Público Fiscal y promovió la investigación penal.
El fiscal Gonzalo Badano, que llevó adelante la pesquisa, acusó a Oñativia por 18 casos en los que truchó datos de beneficiarios potenciales para quedarse con el monto de los subsidios que les entregaba el Estado. En un acuerdo de juicio abreviado, el empleado de Desarrollo Social aceptó su responsabilidad en los hechos y recibió la condena de tres años de prisión de ejecución condicional, la devolución del monto sustraído en esos casos ($240 mil, cifra que, actualizada, llegaría a los $300 mil) el pago de una multa de $90 mil, por cuanto se demostró el interés por beneficiarse con las maniobras ilícitas y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Además, a Oñativia se le impuso la obligación de realizar tareas comunitarias durante 3 años. La vicegobernadora Laura Stratta efectuó entonces una presentación ante el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, luego de enterarse de que supuestos beneficiarios de subsidios otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, durante su gestión al frente de esa cartera, habían sido intimados por el Tribunal de Cuentas para que rindieran lo recibido aunque nunca habían accedido a su cobro. Los hechos ocurrieron en 2019, cuando Stratta estaba al frente de Desarrollo Social. El caso está reflejado en el decreto N° 1.437, del 15 de junio, publicado el viernes 17 en el Boletín Oficial. En su presentación ante la Fiscalía de Estado, la vicegobernadora “manifiesta que tomó conocimiento de reclamos efectuados por particulares, que si bien habían iniciado trámites para obtener subsidios, indicaban no haber recibido el beneficio y no obstante ello, estaban siendo intimados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, para efectuar las rendiciones de los gastos, ante lo cual se indagó en las constancias administrativas de los mencionados expedientes, se pidió al Ministerio de Desarrollo Social conocer la identidad de la persona que habría cobrado los cheques, ante el Nuevo Banco de Entre Ríos SA, los cuales habían sido emitidos ´No a la orden´. De dichas constancias surge que la persona que retiró los cheques al solo efecto de entregarles a los beneficiarios, habría sido quien los cobró del Banco, en virtud de un endoso en procuración”. Los subsidios en cuestión fueron 5 por un total de $66.000: en montos de $8.000, $25.000, $8.000, $12.000 y $13.000. Luego de la presentación de Stratta, el fiscal de Estado solicitó al Tribunal de Cuentas que “deje en suspenso las intimaciones efectuadas a los titulares de las actuaciones para que efectúen la rendición de cuentas”. Desde la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado se pidió a Desarrollo Social que “se identifique a la persona que percibió y cobró los cheques y, cumplido con ello, que se adjunte la situación de revista del mismo, como así que se disponga el inicio de un sumario administrativo, previa intervención del área legal de la jurisdicción”. El decreto señala que “de la documentación obrante se desprende que la persona presuntamente responsable de las irregularidades detectadas en el cobro de cheques de personas beneficiarias que no accedieron al subsidio otorgado y que habrían sido intimadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, se individualiza al agente Ignacio Joaquín Oñativia”, quien revista en la planta de personal temporario del Ministerio de Desarrollo Social, “contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios, en la Secretaría de Gestión”. Consultado, el fiscal de Estado dijo que la investigación está en marcha, que el agente señalado como autor de la irregularidad se abstuvo de declarar ante los sumariantes y que se está “en etapa de recolección de pruebas”, y que de surgir elementos, se hará la denuncia en la Justicia. “Son dos cosas distintas. Una cuestión es la disciplinaria, que llevamos adelante en la Dirección de Sumarios; y otra es la acción penal. Estamos reuniendo pruebas del sumario. Si de esa prueba surge, aunque sea indiciariamente que hay delito, hacemos la denuncia”, señaló Rodríguez Signes. De momento, se ordenó iniciar sumario administrativo al empleado supuestamente infiel del Ministerio de Desarrollo Social.