El texto surgió desde el oficialismo, y tendría el apoyo de la oposición. A nivel provincial no han avanzado ninguno de los proyectos que hay en la Legislatura.
El texto surgió desde el oficialismo, y tendría el apoyo de la oposición. A nivel provincial no han avanzado ninguno de los proyectos que hay en la Legislatura. Paraná.(RN).En Concordia, el concejal por el Frente Para la Victoria (FPV), Miguel Guitar, propuso a través de un proyecto de ordenanza que los funcionarios municipales estén obligados a realizar una presentación anual de sus declaraciones juradas patrimoniales, que sería publicada en el boletín oficial. “El proyecto apunta a ajustarnos un poco a lo que es la línea a nivel nacional”, explicó el edil. Mientras tanto, a nivel provincial las declaraciones juradas aún siguen siendo secretas, y no han avanzado en la Legislatura los proyectos que han presentado algunos legisladores.
Según informa Diario Río Uruguay, en la actualidad el intendente, el viceintendente y los concejales concordienses presentan una declaración jurada patrimonial al inicio y al finalizar la gestión, las cuales quedan en sobre cerrado, pero la novedad sería que “hacer como sucede con el caso de la presidenta (Cristina Fernández), los ministros, los legisladores tiene que presentar todos los años la declaración jurada patrimonial, los cuales son públicos y accesibles para todos los ciudadanos”.
Guitar detalló que medidas de este tipo se enmarcan en lo resuelto en 2003, en el marco de una convención de las Organización de las Naciones Unidas contra la corrupción, donde se remarcó la necesidad de informar sobre el patrimonio de los funcionarios a nivel universal, en un acuerdo que fue firmado por más de 100 países, entre ellos la Argentina, lo que trajo aparejado la modificación de la Ley de Ética Pública Nº 26.857.
“La declaración va hacer obligatoria para los funcionarios que se determinen en sus artículos, la propuesta de el proyecto no es cerrada y podría incluir al intendente, viceintendente, concejales, secretarios, subsecretarios, directores, jueces de Falta, miembros de Tribunal de Cuentas, al delegado ante Obras Sanitarias y aquellos cargos que sin tener la designación revistan rango de secretarios”, explicó, y aclaró: “Los que se van a publicar en el Boletín Oficial serían los del intendente y concejales, mientras que el resto estará disponible si los ciudadanos desean consultarlo”.
El concejal remarcó que hasta el momento: “No he encontrado opiniones negativas, e incluso he hablado con concejales de la oposición que manifestaron estar a favor de la misma”; y, si bien esto sentaría las bases para el cumplimiento por parte de la próxima gestión, el concejal instó: “Sería bueno que nosotros mismos comencemos presentando nuestras declaraciones”.
Secreto provincial
Como ya dio cuenta este portal, en Entre Ríos aún se adeuda una ley de Ética Pública, por lo que las declaraciones juradas siguen siendo secretas, puesto que aún no se reglamentó el artículo 37 de la Constitución Provincial, pese a que han transcurrido seis años de su reforma. El Ejecutivo, rápido para presentar proyectos de su interés, no promovió una iniciativa propia sobre la materia, pero sí dos diputados: Rosario Romero (EM-Paraná) y Fuad Sosa (UCR-Nogoyá). En ambos casos, el común denominador de los textos es que conservan el carácter secreto de las declaraciones juradas, que también podrán ser abiertas ante tres casos –como ocurre actualmente-, pero junto a ellas se deberá entregar una declaración sintética, la que será de carácter público. Sin embargo, aún no fueron siquiera estudiados en comisión.
La ex bustista señala en su iniciativa respecto a la forma de presentación, custodia y conservación: “Cada autoridad de aplicación determinará, en su ámbito de competencia, los procedimientos para la recepción, custodia y conservación de las declaraciones juradas de bienes. Las mismas deberán acumularse sucesivamente y conservarse en conjunto hasta, por lo menos, cuatro (4) años con posterioridad al egreso efectivo del funcionario”. Y, en el artículo 9 propone sobre el carácter de las declaraciones juradas de bienes: “Se presentarán en sobre cerrado y lacrado, debiéndose seguir el siguiente procedimiento: La declaración jurada detallada tendrá carácter de secreta y solo podrá ser abierta en los siguientes casos: Por solicitud escrita del declarante o de sus sucesores. Por decisión del juez competente. Por requerimiento de la autoridad de aplicación”. y añade en el inciso b: “Un sobre con la declaración jurada sintética, que será de carácter público y que contendrá la información general del patrimonio, conforme lo establecerá la reglamentación”. Y agrega que “el nombre de quienes hayan presentado las declaraciones juradas sintéticas, se publicará en el Boletín Oficial de la provincia”.
Por su parte, Sosa también presentó una iniciativa en la misma línea, donde en el artículo 9 también propone que “las declaraciones juradas de bienes se presentaran en sobre cerrado y lacrado, debiéndose seguir el siguiente procedimiento: a) la declaración jurada tendrá carácter de secreta y solo podrá ser abierta en los siguientes casos: Por solicitud escrita del declarante o de sus sucesores. Por las autoridades de aplicación. Por decisión de juez competente” y añade el inciso b, que reza: “Un sobre con la declaración jurada sintética, que será de carácter público y que contendrá la información patrimonial requerida. El nombre de quienes hayan presentado las declaraciones juradas sintéticas, se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia”.
Además, establece que “en cualquier tiempo toda persona podrá consultar y obtener copia de las declaraciones juradas presentadas con la debida intervención del organismo que las haya registrado y depositado”, dando cuenta de los datos del peticionante y el objeto de la petición.
También los proyectos, a los que accedió Recintonet, amplían el rango de funcionarios que deberán presentar las declaraciones juradas, ya que a la mayoría de los integrantes de los poderes de Ejecutivo, Judicial y Legislativo, se agrega a funcionarios policiales, miembros de la Cafesg, el Consejo de la Magistratura, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), así como los funcionarios municipales que las comunas determinen. El de Romero incluye también a las empresas y otros entes del Estado, lo cual no es menor dado que el actual Ejecutivo creó cinco empresas estatales.