Tras un largo e intenso debate, el oficialismo y sus aliados aprobaron anoche en la Cámara de Diputados el polémico proyecto del Gobierno que veda definitivamente el camino del derecho civil cuando un particular quiera demandar al Estado o a sus funcionarios por algún daño percibido, sea éste lícito o ilícito.
Tras un largo e intenso debate, el oficialismo y sus aliados aprobaron anoche en la Cámara de Diputados el polémico proyecto del Gobierno que veda definitivamente el camino del derecho civil cuando un particular quiera demandar al Estado o a sus funcionarios por algún daño percibido, sea éste lícito o ilícito.
Cap Fed. (RN). Tras un largo e intenso debate, el oficialismo y sus aliados aprobaron anoche en la Cámara de Diputados el polémico proyecto del Gobierno que veda definitivamente el camino del derecho civil cuando un particular quiera demandar al Estado o a sus funcionarios por algún daño percibido, sea éste lícito o ilícito.
El proyecto se aprobó con 129 votos a favor, contra 105 negativos.
En su iniciativa -que recién se debatirá en el Senado el año próximo-, el kirchnerismo propone que la responsabilidad del Estado debe regirse por las normas del derecho administrativo de cada provincia o municipio.
La oposición, en cambio, advirtió que esto atenta contra el principio de igualdad ante la ley, insistió en que la cuestión se dirima por la vía civil, como sucede en la actualidad y advirtió que el proyecto oficialista licuará la responsabilidad del Estado y de los funcionarios demandados.
«Esta ley consagrará la irresponsabilidad del Estado», repitieron al unísono los diputados de la oposición.
El oficialismo refutó estas críticas, a las que calificó de «maldicientes» y «malintencionadas».
«Esta ley les dará una mayor tutela a los derechos ciudadanos, porque en esta materia hoy sólo existe la jurisprudencia, y protegerá al Estado de la ambición depredadora de la industria del juicio, de la «patria pleitera»», exclamó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti.
Éste fue el contrapunto principal que impidió un acuerdo entre oficialistas y opositores para sancionar, este año, el ambicioso proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial. La oposición insistía en incluir la responsabilidad del Estado dentro de aquel texto; el oficialismo, por el contrario, quería excluir la cuestión del nuevo Código y cristalizar su regulación por la vía del derecho administrativo. Por eso impulsó una ley especial, que es la que se debatía anoche en la Cámara baja.
Sin embargo, y pese a ejercer la mayoría en ambas cámaras, el oficialismo decidió que no forzará en el Senado la sanción de esta norma sobre la responsabilidad del Estado. Se postergará para el año próximo, a la espera de mayor consenso con la oposición. Igual suerte correrá el nuevo Código Civil y Comercial, que anoche se debatía en el Senado.
Si bien la suerte final de ambos proyectos se definiría recién en 2014, el debate en la Cámara baja fue ayer intenso.
«El proyecto del oficialismo impondrá una responsabilidad lavada, imprecisa y genérica del Estado que busca proteger a los funcionarios por su obrar ilícito», sentenció, en tanto, el diputado Juan Pedro Tunessi (UCR).
A su turno, su colega de Pro Pablo Tonelli advirtió que esta iniciativa «retrocede 100 años en la historia jurídica argentina».
«Si la responsabilidad del Estado fuese regulada por el derecho civil sería exactamente igual en todo el país. En cambio, con este proyecto dependerá de que las provincias y los municipios adhieran a la ley, lo que queda desnaturalizado el principio de igualdad ante la ley», alertó el legislador macrista.
El oficialismo retrucó que si la responsabilidad del Estado estuviera consagrada en el derecho civil, se vulneraría el federalismo y las autonomías provinciales.
La diputada Graciela Giannettasio precisó que más de diez provincias tienen regulada la responsabilidad del Estado y asestó: «Si el 19 y 20 de diciembre de 2001 hubiera habido una ley como la que hoy impulsamos, habría unas cuantas víctimas que podrían haber accedido a la Justicia de manera más sencilla».
Autoamnistía
La oposición no se conmovió. «Este proyecto busca reforzar un Estado omnipresente que incumple con sus servicios esenciales y que pretende no tener responsabilidades ante los agravios hacia los ciudadanos», insistió Graciela Camaño, del Frente Renovador.
Igualmente dura fue Elisa Carrió (Coalición Cívica). «Éste es el quiebre del Estado de Derecho», advirtió, y sostuvo que será una ley de «autoamnistía para los funcionarios kirchneristas en retirada».
«Es un claro retroceso», sostuvo, por su parte, Omar Duclós (GEN). Y añadió: «Al menos para quienes sostenemos que el Estado no debe tener privilegios frente a los ciudadanos». A su turno, Liliana Parada (Unión Popular) advirtió: «El objetivo de la ley es eliminar los juicios contra el Estado de los ciudadanos de a pie, de los trabajadores, y no de las grandes empresas».
«Estamos ante un proyecto de autoamnistía -despotricó Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur)-. Éste es el espejo de (la ley de) punto final en los delitos que tiene que ver con los funcionarios públicos».
Sobre el final, el jefe de bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, enfatizó que éste «no es un proyecto propio de los defensores de los derechos humanos».
«Consagra una desigualdad jurídica irritante y va a provocar un mosaico normativo en todo el país que atentará contra las seguridad jurídica», insistió.(Fuente: La Nación)