Paraná – El martes 6 de enero, el juez de Garantías Nº 3, Ricardo Bonazzola, resolvió prorrogar por 9 días la prisión preventiva que rige para Facundo Bressan, el único imputado hasta ahora por el crimen de la joven Priscila Hartman.
La medida es corolario de la decisión llevada adelante el 28 de octubre de 2014, cuando la jueza de Garantías Nº 1 Marina Barbagelata, dictó la prisión preventiva por 90 días para Bressan. Así, el lunes 2 de febrero, a las 18, se realizará una nueva audiencia en la que se analizará la prórroga de las medidas de coerción, que ya ha caducado el sábado 24 de diciembre de 2014. En este encuentro se definirá si Bressan continúa privado de la libertad mientras se sustancia la investigación o recupera la libertad con restricciones hasta que se fije la fecha del debate oral y público.
Hartman fue hallada sin vida el domingo 26 de octubre en un descampado en inmediaciones de San Benito, tras estar desaparecida desde el viernes 24 de octubre. La decisión de Barbagelata de restringir la libertad ambulatoria de Bressan mientras se sustancia la Investigación Penal Preparatoria (IPP), se fundó que se comprobó lo que se denomina «riesgos procesales». Puntualmente el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El plazo de 90 días que estableció la jueza de Garantías se cumplió el sábado 24 de enero. Ante esta situación, fuentes judiciales precisaron que los fiscales Juan Malvasio y Álvaro Piérola, conjuntamente con los defensores del imputado Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, solicitaron la fijación de una audiencia para discutir la medida de coerción. La misma se fijó para el lunes 2 de febrero, en virtud de que es el primer día hábil después de la feria judicial de enero.
Para los fiscales, los riesgos procesales que determinaron la rigurosa medida de coerción aún siguen vigentes. En este sentido, fuentes judiciales deslizaron a esta Hoja que los funcionarios insistirán con los fundamentos que sostuvieran en las audiencias de prisión preventiva que se realizaron y solicitarán que el imputado esté privado de la libertad hasta el momento en que se realice el juicio. Las mismas fuentes indicaron que Fiscalía está en condiciones de pedir ante el Juzgado de Garantías la remisión de la causa a debate oral y público, medida que se realizará en el transcurso de febrero, en virtud de que la acusación pública considera que tiene «todos los elementos reunidos para sostener la acusación». Así, como ya lo adelantó esta Hoja en su edición del domingo 25 de enero, la acusación, en manos de Fiscalía por el Ministerio Público Fiscal y de Marcos Rodríguez Allende en representación de la familia de la víctima, están en condiciones de solicitar la fijación de la fecha de debate.