La ONG Católicas por el Derechos a Decidir (CDD) denunció por prevaricato a la jueza de feria Marta Aucar de Trotti, la magistrada chaqueña que concedió una cautelar que suspende en esa provincia la aplicación de la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Turno de la ciudad de Resistencia por la comisión de prevaricato, un delito que se configura cuando las resoluciones judiciales que dictan los jueces «no son fundadas en derecho o parten de hechos falsos», señaló un comunicado de la ONG.
«La presentación fue realizada en el marco de una estrategia jurídica amplia que construimos entre aliadxs», dijeron las integrantes de CDD.
La jueza Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 19 de la primera circunscripción de la provincia del Chaco, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley Nº 27.610 (de Interrupción Voluntaria del Embarazo) en todo el territorio de esa provincia tras una medida cautelar presentada por activistas contrarios al derecho al aborto.
«Advertimos que la jueza Aucar no realiza un análisis ni fundamentación objetiva de la petición de los demandantes sino que acomoda su discurso a los intereses de actores antiderechos», señaló la ONG.
«Se atribuye conocimiento en materia federal y desconoce la normativa nacional e internacional», agregó el comunicado, en el que también se caracteriza a la magistrada como «una reconocida militante antiderechos».