El Ministerio de Salud de Entre Ríos expulsó a dos agentes de su plantilla por haber recibido sendas condenas en causas judiciales que se tramitaron en Paraná y Concepción del Uruguay. Uno fue apartado porque recibió una condena por violación; y otro, por vender cocaína al menudeo.
La decisión fue dada a conocer por la cartera sanitaria a través del Boletín Oficial del 4 de diciembre, en el que fueron publicadas las dos resoluciones que ponen fin al sumario administrativo contra los agentes. Los decretos fueron firmados por el gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Salud, Sonia Velázquez.
A través del decreto Nº 1363, publicado en el Boletín Oficial el 4 de diciembre, el ministerio de Salud determinó la expulsión del agente Dardo David Cáceres, quien se desempeñaba en un cargo de categoría 7 con prestación de servicios en el Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.
Cáceres fue cesanteado por encontrarse su conducta incursa en el artículo 71° inciso f) de la Ley 9.755 de Marco de Regulación del Empleo Público en la Provincia.
Cáceres fue detenido el 31 de octubre de 2016 en el marco de una causa por venta de cocaína. Cuando las autoridades del nosocomio lo intimaron a presentarse a trabajar, el hombre envió una nota informando que estaba privado de su libertad en la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay.
Dos años después, el 31 de mayo de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná lo condenó a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Tras la condena, se abrió un sumario administrativo por parte del nosocomio. En ese proceso, Cáceres hizo un descargo particular. Según se desprende del decreto difundido, sostuvo que en su trabajo no cometió ningún delito, que cumplió con todos sus deberes, y que estaba preso «por un problema de adicción, el cual lo ha superado porque realizó un tratamiento».
Asimismo, manifestó que «le gustaría volver y cuidar su trabajo más que nunca, porque se siente curado y por su familia, ya que es el único sostén».
Al prestar declaración testimonial la agente Andrea Silvina Larrea, quien cumplió funciones de Jefa de Personal del Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, expresó que fue una sorpresa la condena de Cáceres, dado que el agente fue «un buen compañero», «muy amable y solidario» y que «prestaba servicios en el lavadero».
La cartera sanitaria dispuso la expulsión del agente y rechazó su descargó sobre supuestas adicciones, puesto que no presentó «ningún elemento probatorio al respecto».
Además, entendieron que los dichos de Cáceres no se comparecen con lo relatado, ya que en el decisorio de la sentencia surge de las tareas investigativas desarrolladas por la Policía Federal Argentina con filmaciones y fotografías- evidencia contundente sobre el desarrollo de la venta de droga al menudeo con fines de lucro, publicó Entre Ríos Ahora.
En Paraná
Se publicó el decreto Nº 1.362, fechado el 26 de agosto de este año, mediante el cual fue cesanteado el agente Edgardo Daniel Diez, quien tenía un cargo de categoría 8, con prestación de servicios en el Hospital San Martín, de Paraná. El 14 de marzo de 2018, el agente fue condenado a la pena de 10 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. La sentencia fue emitida por el juez de juicio Pablo Vírgala.
Dado esa sentencia judicial, la cartera sanitaria abrió un sumario administrativo y determinó su cesantía en los términos del artículo 71° inciso f) de la Ley 9755 -Marco de Regulación del Empleo Público en la Provincia. La normativa mencionada establece la cesantía si existiere sentencia condenatoria firme por un delito doloso no referido a la Administración Pública, ya que se acredita que afecta el prestigio de la función pública y del agente.
En el decreto que determinó la expulsión del trabajador se menciona la declaración testimonial de la agente Carina Elizabeth Estebenet, jefa de División Estadísticas del Hospital San Martin, quien era la superior directa del encargado, en su desempeño en la Oficina de Admisión y Egreso, Área Guardia de Internación.
La mujer refirió que el trabajo del sumariado consistía en «tomar datos a los familiares de los pacientes que se internan, para hacer las historias clínicas; cargar censos diarios y volcarlos a los registros administrativos».
Además, expresó que al conocer la sentencia condenatoria contra el agente «fue tremendo», puesto que «él estaba haciendo uso de licencia, y a ella la llamó la mamá del mismo, y le dijo que se buscara un reemplazante, porque no volvía más; que estaba preso pero que ella misma lo había entregado».
Luego agregó que, a las 48 horas de ese llamado, Diez ingresó lastimado a la guardia del nosocomio, por una pelea con otros presos. Describió el impacto en el Hospital, donde hasta se llegó a pegar carteles dando a conocer la sentencia del agente y su condición de empleado. «Lo mejor que pasó es que lo hayan condenado, me parece ejemplificador y me parece más ejemplificador que no trabaje más en la Administración Pública. Me horroriza pensar que este tipo, con lo que hizo, estaba todos los días compartiendo con nosotros, estábamos con una persona que generó un daño irreversible», dijo la jefa de División Estadísticas del Hospital.
De ese modo, el Ministerio de Salud consideró que «por lo expuesto, ninguna duda cabe respecto de la gravedad de la falta cometida y la contundencia de la prueba del hecho imputado, por ende, corresponde la aplicación de la sanción expulsiva de los cuadros de la Administración Pública al agente Edgardo Daniel Diez».