El acusado se llama Luis Alberto Grandolio; tiene de 38 años y es oriundo de Campana, provincia de Buenos Aires.
Grandolio fue detenido luego de dos meses de intensa búsqueda. Fue sorprendido por personal de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos en el Barrio Malvinas Argentinas, donde tiene familiares. Luego de ser notificado de los cargos, y alojado en Comisaría Primera, tras haberse negado a declarar, fue llevado la audiencia, para finalmente dictársele la prisión preventiva.
La doctora Gabriela Seró, fiscal del caso, dio un detallado informe del hecho en el cual Grandolio, junto a otros tres sujetos aun no identificados (uno de estos una mujer) concurrieron en un auto Siena a inmediaciones del estudio jurídico del doctor Peluffo, dejando el vehículo y caminando junto a su cómplice hasta donde se encontraba la víctima, diciéndole “hijo de puta” y le dispararon al instante a corta distancia y escapando en dirección al auto. El abogado sufrió dos impactos, uno de los cuales afectó una arteria que obligó a inmediatas transfusiones y una intervención quirúrgica, pero las complicaciones lo llevaron posteriormente a la muerte. La fiscal confirmó que se le imputa el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas” (con lo que le correspondería perpetua), como coautor.
Seró también dio detalles de los elementos obrantes en la causa, que permiten establecer la mecánica del hecho por videos de cámaras de vigilancia y testimonios, observándose a los sujetos bajando del auto y las armas, así como el ataque, incluso disparando con otra arma al trabarse la primera usada. También se ve al auto y se pudo constatar la patente, cuya titular es Paola Romina Espinosa, pareja del acusado, resaltando que en el auto quedaron dos personas, una de ellas sería una mujer, lo que se observa en las cámaras que fueron captando el auto en su huida hasta el Barrio Malvinas. En el allanamiento tras el hecho, tanto Grandolio como su mujer se habían ido dejando el auto en el cuales se hallaron huellas dactilares del supuesto homicida.
En otro orden, la fiscal remarcó que en esa misma vivienda, debía estar Federico Ramírez condenado por narcotráfico y bajo custodia de la señora Espinosa.
La fiscal confirmó que el doctor José Peluffo, cuando todo parecía encaminarse a una recuperación tras el ataque, dialogó con el oficial Leiva de Investigaciones que fue a verlo al hospital y le confirmó con certeza que su agresor fue el “Pepo” Grandolio y afirmó que lo reconoció, en tanto que al día siguiente, antes de su muerte, Peluffo se comunicó con la Fiscalía y declaró que pudo reconocer claramente a uno de sus agresores que era Grandolio y confirmó que lo denunciaba formalmente, lo que no pudo plasmarse en declaración por su fallecimiento.
Sobre las prendas usadas en el hecho que se ven en las cámaras, la Policía pudo recabar imágenes del Facebook personal de acusado, donde se lo ve con esas mismas ropas colocadas, lo que es otra importante evidencia. Grandolio lidera una banda integrada por al menos siete personas, algunas de gran peligrosidad, entra las que está siendo investigada su propia pareja.
La representante del MPF, resaltó la forma descarada con la que “Grandolio miente sistemáticamente”, algo que hizo en la sala de la audiencia judicial, cuando fue entrevistado por la jueza al decir que trabaja en su domicilio, siendo que se hicieron allanamientos y vigilancias y nunca estuvo, manteniéndose prófugo hasta la fecha.
“No podemos permitir en nuestra ciudad este tipo de actos mafiosos, delincuentes constituidos en una verdadera empresa criminal, liderada por Grandolio”, resaltó la fiscal, con lo que estuvo de acuerdo la jueza, que además señaló que se manejan otras hipótesis respecto a los motivos por el cual se comete el hecho, pero no quiso brindar datos para continuar las líneas investigativas, destacando que el acusado infunde temor y hay testigos que tienen miedo de declarar. Esto, la falta de arraigo (no posee domicilio fijo) y los peligros de fuga, llevaron a la fiscal a solicitar la prisión preventiva por 90 días y espera poder recabar más elementos para agravar la imputación actual.
La doctora Alejandrina Herrero, defensora oficial trató de evitar que se hiciera lugar al pedido de la parte acusadora, solicitando una prisión domiciliaria bajo custodia de su esposa Paola Romina Espinosa, quien además de estar siendo investigada por este hecho, había incumplido con su compromiso anterior de custodiar a Federico Ramírez, condenado con prisión domiciliaria por narcotráfico, situación en la que estaba porque supuestamente iba a ser donante de órgano para su hijo. También trató de que se adopte esta medida con una pulsera electrónica, de manera de asegurar su permanencia a derecho o una prisión preventiva más corta.
La fiscal se opuso rotundamente y destacó que la custodia por su esposa era impensada, ya que ella misma intentó entorpecer la investigación del crimen. Finalmente la jueza de Garantías, doctora Melisa Ríos, dispuso los 90 días de preventiva y su posterior alojamiento de manera inmediata en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, a pesar de un pedido de la Defensa de hacerlo en Gualeguay por razones de seguridad. Fuente La Pirámide