Ayer se conoció la resolución final del caso de Lautaro López Meyer. Fue a poco de cumplirse un mes de la detención del uruguayense que llegó desde Europa y no cumplió con la cuarentena obligatoria, asistiendo a un casamiento en la ciudad y poniendo en riesgo a decenas de vecinos. El análisis de Coronavirus le dio negativo, pero la causa penal continuó. Se resolvió una suspensión del juicio a cambio de 100 mil pesos que ya fueron entregados al Hospital Urquiza de nuestra ciudad.
Lautaro López Meyer, de 43 años, vive en Andorra -un principado ubicado entre Francia y España- y a principios de marzo llegó a Concepción del Uruguay, su ciudad natal, para el casamiento de un amigo. La defensa de López Meyer y la fiscal federal Josefina Minatta llegaron a un acuerdo para suspender la causa y que haga una probation con el pago de $100 mil al hospital público Justo José de Urquiza de la ciudad.
López Meyer llegó al país el 8 de marzo pasado. Pasó por los aeropuertos de Madrid y Roma y cuando arribó le tomaron la fiebre, le pidieron un teléfono para seguir su caso y las autoridades le requirieron que si tenía síntomas se pusiera en contacto. Había venido al país porque en Concepción del Uruguay se casaba un amigo e iba a tener un papel importante: era testigo del civil.
Cuatro días después, el gobierno de Alberto Fernández emitió el decreto por el cual dispuso que quienes llegaban del exterior debían cumplir con una cuarentena por 14 días. Si bien Andorra no formaba parte de los países de riesgo incluidos en el decreto, sí lo estaban España e Italia, por cuyos aeropuertos había pasado López Meyer. Al día siguiente del decreto era el casamiento, y López Meyer asistió. El hecho se conoció y comenzó a circular por redes sociales con fuertes críticas.
El 17 de marzo fue detenido en su domicilio por la Policía Federal, que activó el protocolo de salud. López Meyer fue llevado al Hospital Urquiza, en el que se le hizo el test de COVID-19 que finalmente dio negativo. Luego la Justicia dispuso que hiciera la cuarentena en su casa y se le inició una causa penal por violar el artículo 205 del Código Penal que castiga con seis meses a dos años de prisión a quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Regreso a Europa
Durante el aislamiento, López Meyer buscó la forma de retornar a Andorra, donde vive desde hace 15 años y es encargado de una cadena de hoteles. Le surgió la posibilidad de tomar un vuelo que salía de Argentina el 8 de abril por 1.400 euros y compró el pasaje pese a no tener resuelta aún la causa penal.
Su abogado, el Dr. Félix Pérez, pidió que se habilite la feria judicial y se le tome indagatoria, lo que ocurrió el 7 de abril. La defensa pidió la eximición de prisión para que pueda viajar y la Fiscalía solicitó la prohibición de salida del país y el pago de una caución de $200 mil. El juez Federal Pablo Seró anunció que iba a resolver al día siguiente, pero era cuando López Meyer debía viajar.
“Salía a las 13:30 horas y no iba a llegar a tomar el vuelo. Así que acordamos una salida alternativa con la Fiscalía como consecuencia del viaje de regreso que necesitaba por cuestiones laborales”, explicó Pérez a medios nacionales. La propuesta de la Fiscalía fue suspender la causa por un año a cambio de que López Meyer cumpla ciertas reglas. La más importante es que entregue 100 mil pesos al Hospital Urquiza para reparar el daño por el expediente penal. “Ese ofrecimiento resulta de gran utilidad para la institución médica a fin de hacer frente a la grave pandemia de COVID19 que constituye en el país la emergencia sanitaria”, explica el acuerdo de las partes.