La legisladora, junto a otros diputados radicales, le sugieren al Ejecutivo “que se abstenga de iniciar acciones hasta no haber cumplido con el Estatuto del Rio Uruguay”.
La legisladora, junto a otros diputados radicales, le sugieren al Ejecutivo “que se abstenga de iniciar acciones hasta no haber cumplido con el Estatuto del Rio Uruguay”.
Paraná.(RN). Diputados de la oposición presentaron un proyecto de resolución en la Cámara baja provincial, en el que reclaman al Poder Ejecutivo analizar “en qué condiciones está hoy la Legislatura de Entre Ríos ante la solicitud del gobierno de ser respaldado para aconsejar a la Cancillería argentina la promoción de un segundo juicio contra la República Oriental del Uruguay” en La Haya”, y sugieren a la provincia “que se abstenga de iniciar acciones hasta no haber cumplido con el Estatuto del Rio Uruguay”.
Afirman que es actuar con responsabilidad para evitarle otra frustración al pueblo de Gualeguaychú.El texto completo de la iniciativa fue suscripto por los diputados Emma Bargagna (PS en el FAP), Jorge Monge (UCR, Diamante); Agustín Federik (UCR, Paraná); Amado Sosa (UCR, Nogoyá) y Pedro Ullúa (UCR, Federal).
En rigor, los legisladores aconsejan al gobierno que no avance en un segundo juicio contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ya que, para llegar a eso debe valorar antes que se hayan cumplido ciertas condiciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) y la misma Cancillería, en particular, con el antecedente vigente. También le reclaman que advierta a Cancillería que antes de actuar judicialmente por la causa ambiental del río Uruguay, haya cumplido el trámite ordenado por el ‘procedimiento conciliatorio’ que indican los artículos 58º y 59º del Estatuto del Río Uruguay (Ley 21.413)”.
Asimismo, le solicitan que recabe de los delegados por Argentina en la Caru “los resultados, en el curso del año 2014, de la aplicación del Plan de Monitoreo conjunto del Río Uruguay acordado por los cancilleres de Argentina y Uruguay, y el Comité Científico de la entidad”.
Bargagna, Monge, Sosa, Federik y Ullúa sugieren al Ejecutivo que antes de embarcarse en otro juicio, demande copia de las actas de las reuniones de la Caru de los años 2013-2014 en las que se hayan tratado las irregularidades, incumplimientos o controversias suscitadas en relación a la ejecución del plan de monitoreo o Digesto vigente, o en relación a otras medidas de cumplimiento exigible para los Estados parte.
Agregan que es necesario obtener copia de la notificación de la Caru a la Cancillería argentina, donde conste la imposibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio por vencimiento del plazo previsto por el artículo 58º del Estatuto del Río Uruguay (120 días) o por fracaso de la negociación.
Y también lo instan a conseguir copias de las gestiones realizadas por Cancillería desde entonces a la fecha, “para procurar la solución de la cuestión a través de negociaciones directas, (de conformidad a lo exigido por el artículo 60º del Estatuto del Río Uruguay, así como del acta emanado de la Cancillería Argentina, “dando cuenta del fracaso de las negociaciones directas mantenidas” con Uruguay.
Información disponible
Los legisladores coinciden en que dicha información “deberá estar a disposición de los diputados previo al tratamiento de cualquier proyecto que se presente en la Cámara, para verificar el cumplimiento de las obligaciones que exige el Estatuto del Río Uruguay por parte de la República Argentina que ameriten el respaldo legislativo de solicitud de acciones contra la República Oriental del Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia”.
Y explicitan que, una vez recabada la información y verificada por la Legislatura, sobre el agotamiento de Argentina en todas las instancias previas y obligatorias de negociación contenidas en el Estatuto, la Cámara de Diputados “se convocará de inmediato para deliberar y resolver sobre las acciones que respaldará la provincia de Entre Ríos para reclamar a Uruguay el cumplimiento de las obligaciones a su cargo”. (RecintoNet)