Dejaría su cargo como interventor del EPRE y la defensa del ex gobernador Urribarri. El motivo serían sus dichos respecto a narcotraficantes, yendo en contra de una posición política del gobierno provincial.
El abogado Marcos Rodríguez Allende tiene las horas contadas como funcionario provincial. Este miércoles, después de verlo en diferentes medios provinciales como el principal defensor de los narcotraficantes detenidos por la participación en un cargamento de más de 600 kilogramos de marihuana incautado en Paraná el año pasado y cuyo juicio oral se inició en horas de la mañana, el gobernador Gustavo Bordet se reunió con el fiscal de Estado -Julio Rodríguez Signes- y le ordenó que le exigiera la inmediata renuncia al cargo de interventor del EPRE. Rodríguez Allende deberá presentar este jueves por la mañana su dimisión, según pudo saber Análisis Digital. De lo contrario, será cesanteado en el cargo a través de un decreto firmado por el mismísimo gobernador. Bordet, desde el inicio de su gestión, tuvo una firme posición en contra del avance del narcotráfico en la provincia.
Al parecer, Bordet venía madurando tal determinación, puesto que la decisión de Rodríguez Allende, de ser abogado de numerosos narcotraficantes de diferentes causas -lo que desarrolla hace ya varios años, incluso mucho antes de asumir como funcionario- le había generado numerosas críticas, en especial en ámbitos del gobierno nacional y en la oposición. Si bien le habían transmitido tal cuestionamiento al propio Rodríguez Allende, el abogado continuó ejerciendo la defensa de narcotraficantes, como así también de policías denunciados por otros delitos, lo que colmó el vaso. Las críticas siempre apuntaron al doble rol que estaba teniendo y al escaso tiempo que le dedicaba a su lugar en la función pública, máxime teniéndose en cuenta que es el sueldo más alto de la administración pública.
Pudo saberse también que el abogado dejaría hoy mismo de ser el defensor de Sergio Urribarri, del ministro Mauro Urribarri y el secretario del bloque de senadores provinciales del PJ, Juan Pablo Aguilera, en la causa por delitos de corrupción que lleva adelante la justicia entrerriana. Sería reemplazado por el ex diputado nacional Raúl Barrandeguy, por decisión del propio ex gobernador, molesto por las últimas resoluciones en torno a la causa, puesto que Rodríguez Allende le habría transmitido que “no había nada de qué preocuparse en la causa” y tras ello comenzaron a llegar los allanamientos simultáneos, tanto a Aguilera como al propio Urribarri. Cabe recordar que la última medida de este tipo, adoptada por los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo, se concretó en Capital Federal y en la sede fiscal de la empresa Kriptax, cuyos socios son los hijos del ex mandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia.
(Fuente: AnálisisDigital)