En el texto de la ley disponía un tiempo de 90 días, pero ya se van a cumplir cuatro meses de la promulgación de la norma, que esperó seis años en ser sancionada.
En el texto de la ley disponía un tiempo de 90 días, pero ya se van a cumplir cuatro meses de la promulgación de la norma, que esperó seis años en ser sancionada. Paraná.(RN). Ya no sorprende que la reglamentación de las leyes, tanto a nivel nacional como provincial, insuma un tiempo superior al que ordenan al Ejecutivo los legisladores en los textos que sancionan. Una de las normas que se inscribe en esta triste lista es la Nº 10.284 de ordenamiento territorial del bosque nativo en Entre Ríos. Pese a ser cuestionados desde algunos sectores, en especial por su carácter productivista, debió esperar seis años para ser sancionada, mientras avanzaba el desmonte en la provincia. Ahora, ya promulgada, todavía no fue reglamentada, siendo que el plazo que fijaron los legisladores para tal fin fue 90 días. Este 28 de julio se cumplirán 120 días desde su publicación en el Boletín Oficial el pasado 28 de marzo.
La norma sancionada el 25 de febrero de este año por la Legislatura define como autoridad de aplicación al Ministerio de Producción; promueve la conservación de estos ecosistemas forestales naturales y la regulación de cualquier cambio de uso del suelo; dispone la conformación de una comisión provincial, que estará integrada por la Autoridad de Aplicación, entidades de la producción, entidades y ONG ambientalistas, la Secretaría de Ambiente, el sector científico-tecnológico y las universidades; y fija la creación de un fondo para el ordenamiento territorial, integrado por fondos nacionales y provinciales. Además, prevé multas e inhabilitaciones para los infractores. Con la puesta en vigencia de la ley, los productores entrerrianos podrán recibir subsidios por los montes implantados y podrán explotar las reservas de usos múltiples.
Criticas
“No he podido convencer al resto de los legisladores que votábamos un proyecto contrario a lo que ordena la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La ley de Bosques se sancionó en diciembre de 2007, y desde entonces Entre Ríos está en deuda con su sociedad y con el país, ya que la existencia del monte nativo es determinante para el suelo, el agua, el cambio climático, el presente y la calidad de vida”, lamentaba la diputada provincial Emma Bargagna (FAP-Paraná) en diciembre pasado, al argumentar su voto negativo contra el texto. En esa línea, la legisladora advertía que el proyecto “introdujo una visión y una operatoria productivista sobre el recurso. Por eso deposita el destino del monte nativo directamente en el ministro de la Producción, que es el que distribuirá fondos bajo esta filosofía productivista y autorizará el desmonte según su interés de gestión, es decir, su interés de entregar más tierras para la producción, al precio de perder bienes inmateriales que afectarán absolutamente sobre las personas, animales y plantas que pueblan la región. La política de gestión sobre el Monte Nativo y el poder de control o de policía en el tema debería haberse colocado bajo la competencia de la secretaría de Medio Ambiente y ésta, a su vez, contener la dirección de Recursos Naturales, que hoy está descoordinada, suelta, lejos del lugar que le corresponde ocupar, también manejada por el Ministerio de la Producción”.
“Están matando la gallina de los huevos de oro”, remataba Bargagna entonces. Y completaba: “En lugar de jerarquizar al dueño del Monte, al que todavía lo preserva, lo dejan desamparado, dando luz verde, así para justificar el desmonte. El proyecto omite reconocer al dueño del Monte y al que lo mantiene como un benefactor social, benefactor de la comunidad toda y sobre todo, del que puede obtener ‘rentabilidad’ con la producción agrícola. La ley nacional de Bosques categóricamente prohibía el desmonte mientras no se hubiese dictado la ley provincial consecuente. Entre Ríos omitió sancionar durante siete años esa ley, y mientras tanto se desmontó en forma alarmante, manteniéndose al propietario del Monte acorralado, empujándolo a desmontar”.
También la Fundación Mbiguá cuestionó el proyecto. Si bien destacó “la implementación de una norma que brinda protección a los bosques nativos de la provincia”, criticó tres aspectos centrales de la ley, como son “la escasa participación de los actores involucrados, la autoridad de aplicación dispuesta y, finalmente, el tiempo transcurrido desde el surgimiento de la iniciativa hasta la aprobación de una norma desarrollada en función de datos ya desactualizados”. También criticó que no se convocara a audiencias públicas para debatir el proyecto, tal como manda la ley nacional, ni que se incorporara como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente.