Cada día se incrementa la deuda surgida con un particular por la construcción de la Defensa Sur. Si bien la comuna se considera fuera del caso, la indefinición hace que el compromiso financiero lleve años acumulándose. La Municipalidad lleva acumulando deuda con fondos públicos desde hace varios años por la inacción en el marco de una causa judicial. Se trata de un conflicto iniciado a raíz de que, de cara a la construcción de la Defensa Sur, la comuna alquiló un predio en zona, en el cual funcionaba lo que era conocido como la chanchería de Leturia.
El objetivo era utilizar un terreno donde realizar el tratamiento de desechos que actualmente desarrolla la planta específica. La Municipalidad debía devolver el terreno en sus condiciones iniciales, lo cual requiere de un importante trabajo de saneamiento de desechos cloacales que durante varios años fueron vertidos en ese predio. Ante el incumplimiento de este punto, Leturia reclamó el pago de un monto en dinero correspondiente a “sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial y que son requeridas por el juez a razón de una suma de dinero por cada día, cada semana o cada mes en que un deudor retarda el cumplimiento”.
Sin embargo y a pesar de que la Defensa fue inaugurada hace casi 11 años, no hace mucho se detectó que el predio fue expropiado por la Provincia para realizar la obra, por lo cual el tema debe ser dirimido entre el gobierno provincial y Leturia, quedando el gobierno local afuera del pleito. La municipalidad dispuso que se informe a la Justicia sobre este último punto, buscando quedar afuera de la causa judicial al entender que ya no le compete. Sin embargo, desde el municipio no se habría realizado aún la presentación.
Una deuda que crece cada día
Mientras tanto, desde hace más de diez años la comuna acumula diariamente la deuda, más allá de que entiende que el conflicto alcanza sólo al gobierno provincial y al ex dueño del terreno. Según pudo saber La Prensa Federal, el avance depende del accionar de un abogado contratado por la municipalidad de manera externa, es decir que el profesional no integra el área jurídica oficial.