La decisión del Gobierno nacional de restringir el adelanto de fondos para el pago de haberes hace peligrar el cobro de los salarios del sector público no sólo a nivel nacional sino también provincial y municipal. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) admitieron que cronograma de enero podría demorarse “tres o cuatro días”.
Con el objetivo de alcanzar el déficit cero, el Gobierno nacional a cargo de Javier Milei comenzó a frenar la transferencia de recursos a las provincias y entes autárquicos. Fue el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, quien había anticipado en conferencia de prensa la semana pasada que el Banco Central no iba a extender la autorización «para que las provincias se endeuden con bancos provinciales para afrontar necesidades urgentes».
Se trata de la Comunicación “A” 6816; normativa que habilitaba a los bancos a realizar anticipos a las provincias, municipios y otros organismos estatales a fin de pagar los sueldos. El préstamo se devolvía luego con el goteo de la coparticipación.
La determinación sólo podrá revertirse el próximo jueves. Ese día, que ya será 1º de febrero, se reunirá el Directorio del Central y podría volver a ponerse el mecanismo de la 6816.
Esto podría ocasionar una demora en el pago de los haberes correspondientes al mes de enero de los trabajadores estatales entrerrianos. Y es que según confirmó el secretario General de ATE, Oscar Muntes, en Entre Ríos aún no se conoce el esquema de cobro de los sueldos.
“Lo que dijo el gobernador (Rogelio Frigerio) es que se va a estirar unos días. No habló de cronograma”, indicó Muntes quién advirtió que el cronograma podría extenderse tres o cuatro días. Y agregó: “El gobernador nos dijo que en caso de haber problemas con los fondos, convocará a los gremios para fijar las prioridades y buscar consenso”.
Vale aclarar que no se trata de un problema exclusivo de los empleados de los gobiernos provinciales, sino que la medida del Gobierno de Milei afectará por igual a todos los empleados del sector público nacional, provincial y municipal de legislaturas, escuelas, Universidades, hospitales, entes autárquicos y empresas del Estado.