El Superior Tribunal de Justicia dispuso la habilitación para la presentar demandas y escritos en todo tipo de procesos no penales a partir de este miércoles, la reanudación de los plazos procesales en todos los procesos, desde el próximo martes; y la reprogramación de audiencias. El ingreso del público a los edificios judiciales continuará restringido.
Así lo determinó el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el acuerdo general de este martes, el primero desde que la interna de los cortesanos derivó en la denuncia de Susana Medina de Rizzo a Emilio Castrillón, por violencia de género. El alto cuerpo resolvió autorizar la interposición de demandas y presentación de escritos en todo tipo de procesos para los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral y Contencioso Administrativo, a partir de este miércoles, manteniendo los plazos suspendidos, y sin perjuicio de la validez de los actos que se dicten. En tanto, se resolvió reanudar los plazos procesales suspendidos en todas las actuaciones judiciales que aún estuvieran bajo el régimen de suspensión de plazos desde el próximo martes.
Además, se aprobaron las reglas para la programación, reprogramación y celebración de audiencias y se encomendó a la Dirección de Gestión Humana y al Área de Salud Ocupacional del Poder Judicial la organización logística para la implementación de este plan, teniendo en consideración el reintegro del personal que no integra grupos de riesgo y el mantenimiento de las restricciones para el ingreso del público a los tribunales. La novedad llegó después de las intensas gestiones que venía realizando el Colegio de Abogados de Entre Ríos para reanudar la actividad judicial plena, bajo la modalidad de presentación de escritos electrónicos, en cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno nacional.
La noticia fue celebrada por las autoridades del Colegio de Abogados de Entre Ríos quienes, desde hacía varias semanas, venían reclamando la rehabilitación de los plazos procesales y la apertura de los tribunales y el viernes le habían llevado el reclamo al presidente del STJ, Martín Carbonell.