Difundieron una carta pública al cumplir un mes de espera en la plaza de Casa de Gobierno. Denunciaron “discriminaciones y aprietes” del personal de la Casa Gris, así como “persecuciones permanentes y agravios, por parte de las fuerzas policiales”.
Difundieron una carta pública al cumplir un mes de espera en la plaza de Casa de Gobierno. Denunciaron “discriminaciones y aprietes” del personal de la Casa Gris, así como “persecuciones permanentes y agravios, por parte de las fuerzas policiales”.
Paraná.(RN). Un mes de acampe en la visible Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, y aún sin respuestas al trabajo digno que piden las familias de Concordia que llegaron hasta la capital provincial. En una carta abierta enviada a Recintonet, con el apoyo y solidaridad de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Paraná, los tres entrerrianos que firman la misiva -Martín Gómez, Xiomara Rodríguez y Marta López- vuelven a pedir al gobierno por su derecho, y también a la oposición, frente a la falta de respuestas de ambos lados. Y, afirmaron, “van a resistir” hasta obtener una respuesta a su demanda.
“Se cumplen 30 días, que treinta personas salimos caminando desde la ciudad de Concordia; y que por la distancia, las condiciones climáticas y de salud llegamos catorce a la capital entrerriana con todas las esperanzas de que escucharan nuestro reclamo y volver con nuestras familias con un trabajo que hable de dignidad, mejor calidad de vida como seres humanos que somos. A treinta días de partir de Concordia de a pie nos encontramos sin respuesta”, expresaron en la nota. Y remarcaron las condiciones “de total precariedad” en las que están pernoctando en la ciudad: “Sufriendo discriminaciones y aprietes por parte de quienes habitan nuestra Casa, la Casa de Gobierno, la casa de todos los entrerrianos negándonos el uso de los sanitarios, o un vaso de agua, no permitirnos ingresar por mesa de entrada una nota explicando nuestra situación al Sr. Gobernador Sergio Urribarri y solicitarle una audiencia; tratándonos como delincuentes, cuando lo único que pedimos es trabajar”.
Además, denunciaron que sufren: “Persecuciones permanentes y agravios, por parte de las fuerzas policiales, a tal extremo que mientras estamos en el lugar nos mantenemos encadenados. Situaciones que determinan en democracia una clara vulneración de derechos humanos de hoy, abandono de seres humanos, de discriminación, persecución, amedrentamiento y un claro viso de criminalización de la protesta social”.
Tras remarcar que recibieron a través del Ministerio de Desarrollo Social “microemprendimientos paliativos, desconociendo la realidad social, del territorio, de los barrios donde habitamos”, cuestionaron: “¿Estos funcionarios no se dan cuenta que por la realidad social y sanitaria quién demandaría nuestros productos? ¿Ellos estarían dispuestos a consumir productos elaborados en estas condiciones?”.
Asimismo, señalaron que el ministro de Trabajo Guillermo Smaldone, envió “dos personas a ofrecernos capacitación y 250 pesos mensuales durante seis meses. Le preguntamos al Señor Ministro ¿él vive con ese monto de dinero mensual?, y le decimos que quiénes estamos en este reclamo, poseemos título secundario, tenemos oficio y sobre todo la necesidad de un trabajo digno, no queremos paliativos, queremos trabajar y vivir dignamente de nuestro trabajo, como cualquier ciudadano. Los gobernantes deben entender que con paliativos no se soluciona la vida de una persona y su familia, se debe reconstruir este tejido social que se ha perdido porque se ha perdido la cultura del trabajo, trabajar es nuestra pretensión”. Y marcaron finalmente que no solo el Poder Ejecutivo desoye su reclamo, sino “ministerios, funcionarios, legisladores oficialistas y opositores que también son responsables de dar respuestas a los ciudadanos”.