Luego que del procurador general del Poder Judicial, Jorge Amílcar Luciano García, dijera que «algunos abogados se convierten en cómplices de los que defienden», el Colegio de Abogados fijó postura y lanzó críticas al funcionario judicial.
La institución que nuclea a los letrados dijeron que «cualquier ciudadano que tenga que denunciar a un abogado por el ejercicio irregular de nuestra profesión puede hacerlo» ante el Colegio la Justicia. En ese sentido, el presidente de la sección Paraná del colegio, Lisandro Amavet, apoyó el documento de un grupo de penalistas que cuestionó «el avance de órganos públicos del sistema penal sobre las libertades individuales y las garantías constitucionales y convencionales». La película por las declaraciones del procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García, sigue sumando actores. Ahora es el turno del Colegio de Abogados de Paraná.
Su presidente Amavet calificó de desafortunadas, injustas e impropias «las declaraciones del funcionario judicial, quien en diferentes medios señaló que «algunos abogados se convierten en cómplices de los que defienden». Esos dichos merecieron el cuestionamiento del ex gobernador y presidente de la Convención Constituyente, Jorge Busti. «Cualquier ciudadano que tenga que denunciar a un abogado por el ejercicio irregular de nuestra profesión puede hacerlo, para eso está el Colegio de Abogados, que tiene a su cargo el control disciplinario de los matriculados», apuntó Amavet en declaraciones que hizo llegar a la redacción de Página Judicial. Para el titular de la entidad, «si el procurador tiene noticia sobre alguna actuación ilegal de un abogado debe formular la denuncia ante el Colegio y la Justicia, es decir ante los organismos y mediante el procedimiento previsto en la normativa vigente.
La denuncia mediática no sustituye a la vía institucional». Amavet sostuvo que «toda generalización en esta materia resulta, injusta y arbitraria, porque debe saber el doctor García que Paraná y Entre Ríos tienen abogados que actúan en el fuero penal con reconocida solvencia jurídica». Enseguida apoyó a «todos los colegas» firmantes del documento y en el que también se cuestionó a la Justicia entrerriana en general. En el texto manifestaron que se ve a diario y «con mucha preocupación el avance de órganos públicos del sistema penal sobre las libertades individuales y las garantías constitucionales y convencionales, muchas veces soslayándolas o interpretándolas con criterio restrictivo». Para Amavet, «sin ánimo de polemizar» dijo que los «funcionarios de tan alto nivel y cuya formación conocemos y respetamos, deberían ser más prudentes y precisos a la hora de realizar manifestaciones públicas. Más aun en momentos como el actual, cuando la inseguridad y los delitos tienen tan preocupadas a la sociedad, todos debemos expresarnos responsablemente promoviendo el pleno cumplimiento de las garantías constitucionales».