El pliego del actual ministro de Urribarri ingresó al Senado. La UCR exigió que se reglamente el órgano, así también desde el Encuentro Amplio, y piden concurso público.
El pliego del actual ministro de Urribarri ingresó al Senado. La UCR exigió que se reglamente el órgano, así también desde el Encuentro Amplio, y piden concurso público. Paraná.(RN). El Tribunal de Cuentas de la provincia está en el ojo del debate. Luego de la renuncia del presidente del órgano por más de 20 años, Hugo Molina (cuñado de la intendenta Blanca Osuna), el gobernador Sergio Urribarri propuso a su ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, para presidir el órgano. El pliego del funcionario ingresó ya al Senado, con un monobloque oficialista. No obstante, desde la oposición en Diputados se exige por la reglamentación del organismo que lleva el control de todas las cuentas del Estado, incluidos los entes autárquicos, los descentralizados y los municipios, de acuerdo a la Constitución provincial de 2008. Según remarcó en numerosas ocasiones Recintonet, la Legislatura no avanzó en un texto que tiene media sanción de Diputados, pero duerme en la Cámara alta.
La Constitución reformada en 2008 establece que ese cargo debe asumirse luego de someterse a un “previo concurso público” ante un jurado compuesto por sectores académicos y de la sociedad civil. La falta de reglamentación de un artículo de la carta magna le permitiría al Poder Ejecutivo designar a dedo y evitar una terna. Eso es lo que la oposición quiere evitar. Además, según ya informó Recintonet, tampoco puede avanzarse en la integración de los representantes parlamentarios, por la falta de reglamentación.
En ese contexto, el pliego de Smaldone ya ingresó al Senado, según supo APF, y tomará estado parlamentario en la sesión del próximo martes y pasará a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que preside el senador por La Paz, Aldo Ballestena. Dicha comisión será la encargada de anuncia los plazos y pasos a seguir basándose en la aplicación del 19 del reglamento del cuerpo, ya que no está reglamentado el artículo de la Constitución Provincial que en el 2008, legisló sobre la forma de designación de este cargo, proponiendo que sea por concurso público. El cargo es vitalicio.
En ese contexto además, el diputado y ex convencional constituyente, Jorge Monge (UCR-Diamante), afirmó que “ante la vacante en la presidencia del Tribunal de Cuentas, el gobernador Sergio Urribarri debe abstenerse de enviar el pliego para la designación de un reemplazante, dado que los miembros permanentes de este organismo de control deben ser designados previo concurso, como claramente lo estable el artículo 217 de la Constitución Provincial”. Y enfatizó: “El nombramiento sin concurso público constituye una evidente y flagrante violación a la constitución, dado que los constituyentes – de todos los sectores – decidieron dar las mayores garantías de autonomía e independencia al Tribunal de Cuentas, atento a que es el organismo que tiene a su cargo el control del manejo de todas las cuentas provinciales, municipales y comunales y la vigilancia sobre el gasto público en Entre Ríos”.
Además, Enrique Fontanetto (EAE-Paraná) presentó un proyecto de resolución exigiendo al Poder Ejecutivo “que en uso de sus atribuciones reglamente los artículos 213- 214- 217- y 219 de la Constitución Provincial que prevén la autonomía funcional, la composición en cuanto a sus miembros y el sistema de ingreso respecto al Tribunal de Cuentas, promoviendo el concurso público para reemplazar al presidente”. En esa línea, añadió: “O que impulse el tratamiento del proyecto, en el mismo sentido, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que se encuentra en revisión en el Senado Provincial, asegurando así la participación igualitaria de los sectores académicos, de las asociaciones y de las entidades representativas de las profesiones exigidas”. “Teniendo en cuenta, además, que la función de contralor de la percepción e inversión de fondos públicos efectuada por todos los funcionarios y administradores, hace a la salud republicana y a la transparencia que denota la división de poderes”, enfatizó en la argumentación del proyecto. Y añadió: “Estamos frente a una obligación como es la reglamentación de nuestra Constitución, para que su puesta en vigencia garantice de la mejor manera el espíritu del precepto constitucional y más aún cuando han pasado 6 años desde su sanción, no puede demorarse irrazonablemente”.
Lo cierto es que en estos casi seis años de la nueva Constitución la Legislatura pudo haber avanzado en la reglamentación, pero el único texto con media sanción de Diputados fue cajoneado en el Senado, hoy con un monobloque oficialista.