El fiscal aseguró que se está ante un hecho muy grave y los acusó de haber actuado como un grupo organizado que se manejó de manera coordinada. Los 17 policías implicados en las protestas y acuartelamientos ocurridos los días 8 y 9 diciembre pasado en Concordia, permanecerán detenidos. Así se dispuso ayer en la audiencia realizada en los Tribunales de dicha ciudad, ante el juez de Garantías,
doctor Alberto Funes Palacio, quien hizo lugar a la solicitud del fiscal, doctor Mario Guerrero, quien pidió la prisión preventiva por 60 días. La audiencia se realizó con la presencia de los acusados, que en su mayoría llegaron desde el Penal de Federal, con sus cabezas rapadas, encontrándose además en la sala de audiencia, una importante cantidad de esposas y familiares de los detenidos, con la custodia del Grupo Especal para prevenir cualquier tipo de incidentes.
La audiencia comenzó a las 10, extendiéndose más de cuatro horas, haciendo uso de la palabra el fiscal Mario Guerrero quien detalló los hechos imputados y remarcó la necesidad de mantener la prisión preventiva para los policías imputados en la causas caratulada «Zaragoza, Carlos Daniel y otros s/ sedición, privación ilegitima de la libertad, daño calificado, robo agravado por la calidad de funcionario público e instigación a cometer delitos en concurso real», legajo nº 8949/13, para evitar posibles entorpecimientos de la IPP y el peligro de fuga de los mismos. El fiscal fue contundente al indicar que se estaba ante un hecho muy grave y acusó de haberse actuado como un grupo organizado que se manejó de manera coordinada. Tras el pedido de la parte acusadora fue el turno de los representantes de los acusados, que intentaron desligar a sus defendidos de semejantes cargos y trataron de conseguir la libertad de los mismos basándola en problemas de salud personales o de familiares directos, como ser hijos o esposas, pero sus argumento no fueron convincentes.
Seguidamente el juez Alberto Funes Palacio dispuso la prisión preventiva para los policías Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, Esteban Cendra, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Gómez Luis Alberto, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Diego Diferding, Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez y Carlos Daniel Zaragoza, quienes deberán continuar alojados en Federal. Colegas de Diario Río Uruguay señalaron que el juez dijo «existió una coordinación en la toma, ya que el lugar donde ingresaron era una Jefatura y no una iglesia. Los ciudadanos comunes tuvieron que convertirse durante esos días en algo que no eran, armándose y formando barricadas para protegerse». Por otra parte el magistrado dijo que hay una pena en expectativa y que puede llegar a ser efectiva, destacando que «de recuperar la libertad, nada nos hace pensar que no se alzarían contra el poder Judicial como lo hicieron con el Ejecutivo». También sostuvo que se hacía difícil no observar la vinculación entre la toma de la Jefatura y la instigación a los robos y saqueos, «a no ser que seamos jueces distraídos», manifestó Funes Palacios, quien dijo que existen serios indicios de que se liberaban zonas del a ciudad. El Juez de Garantías también se refirió a la toma de la radio del Comando Radioeléctrico asegurando que «no se podía dar auxilio a los vecinos que llamaban» y enfatizó que la imputación del fiscal es clara y
precisa.
Terminante
«Todo el grupo intervino, donde cada uno dominó parte de la acción. Hay rastros de violencia con la que se ingresó a la Jefatura y prueba de ello es el robo al CPU donde se guardan las filmaciones de las cámaras», mencionó el juez. Además les aclaró a los imputados y a sus defensores que «para la sedición no es necesario portar en ese momento armas, sino que se tenga acceso». Sobre el acuerdo firmado entre el gobernador Urribarri y un grupo representante en la noche del lunes 9 de diciembre, Funes Palacios fue claro al decir que era nulo y lo justificó leyendo el artículo 4 de la Constitución entrerriana en donde se refiere a la sedición, resaltando que existen caminos alternativos para el reclamo salarial.
Cabezas rapadas
Un total de 15 de los 17 policías que concurrieron ayer a tribunales en Concordia lo hicieron con las cabezas rapadas en señal de protesta. Sólo dos de los detenidos se negaron a hacerlo, y sin dudas que causó revuelo esta medida. Es que si bien colegas de la ciudad del norte entrerriano no pudieron saber a qué se debía esa medida (algunos aseguraban que se trataba de una «estrategia» empleada por algunos abogados para producir confusión durante las ruedas de reconocimiento), no deja de provocar escozor esta imagen como ineludible referencia a los «Skinheads» (cabezas rapadas), como se conoce a los grupos neonazis en todo el mundo.