En Entre Ríos «genera desasosiego los abusos de la Policía sobre niños, niñas y jóvenes quienes son sometidos a situaciones de violencia y maltrato por parte de los agentes del Estado», advirtió la Red Alerta. «Los hechos no son aislados, sino que forman de una política institucional represiva, que utiliza sus dispositivos para criminalizar la niñez, la juventud y la pobreza», dijeron desde la organización. La forma de intervención que adquiere el ingreso de
niños, niñas y jóvenes en la División de Minoridad bajo la figura de resguardo genera preocupación en la Red Alerta, que recibió «reiteradas advertencias ante la violencia y los maltratos a los que se somete a los gurises quienes son trasladados por disturbios o, como dicen ellos, por portación de cara», indicó la presidenta de la organización, Silvina Calveyra, La dirigente social detalló que «quienes son sometidos a estas prácticas muchas veces provienen de sectores vulnerados, no sólo en sus derechos como a la educación o a la salud, sino también en recursos materiales, con el agravante que son víctimas de maltrato intrafamiliar, donde su mamá suele ser víctima de violencia de género».
En ese marco, precisó que se observa en la vía pública que los jóvenes y niños «son expuestos sobre una pared o sobre un patrullero con las manos en alto sin, ni siquiera, saber con seguridad de qué ni quién se trata; sólo por portación de rostro se los traslada sobre las cúpulas de los patrulleros exponiéndolos sin preservar su seguridad, su identidad y, sobre todo, los derechos de un niño o joven víctima de este sistema». Pero además, «no se comunica a su familia, ni al organismo competente en forma inmediata», por lo que la dilación del tiempo de la comunicación permite a agentes realizar un abuso de autoridad constante y sistemático. Estos jóvenes que en algunos casos son trasladados al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) para su intervención, llegan al organismo «en situaciones donde se evidencia el ejercicio de la violencia y maltrato», precisó la militante social, quien apuntó que en la mayoría de los casos «no realizan las denuncias por temor a la represalia posterior ya que saben, por otros compañeros que pasaron por la misma situación, que si concretan una denuncia la cosa empeorará».
Nadie es responsable
La detención de jóvenes que delinquen suele mostrar la contracara de un sistema que no ha pensado alternativas para contenerlos. El estado se desentiende del asunto porque la ley lo habilita para que los menores recuperen inmediatamente su libertad. Los padres suelen argumentar que no pueden con ellos y, de ese modo, esquivan la obligación como tutores. En la cumbre de ese sistema, las instituciones que albergan a menores con problemas, terminan funcionando, en los hechos, como centros de formación para la vida delictual adulta y aquellos que, como la Casa del Menor en nuestra ciudad, buscan mecanismos de formación y capacitación, se ven ajustados por un presupuesto al cual el Estado atiende a cuentagotas.