Aclararon que no firmaron bajo presión el acta acuerdo con la policia sediciosa. Piden que “el Estado garantice la seguridad y el orden, gestando las condiciones necesarias para el bien común, evitando que se reiteren momentos de extrema gravedad como los vividos recientemente”.
Aclararon que no firmaron bajo presión el acta acuerdo con la policia sediciosa. Piden que “el Estado garantice la seguridad y el orden, gestando las condiciones necesarias para el bien común, evitando que se reiteren momentos de extrema gravedad como los vividos recientemente”.
Paraná.(RN). El Obispado de Concordia y el Centro de Comercio de dicha ciudad emitieron un comunicado conjunto anoche, para consignar que en el encuentro del 9 de diciembre con los policías sediciosos no firmaron “bajo presión” el Acta propuesto por el gobierno de Entre Ríos y rubricado por el propio gobernador. La afirmación, de alguna manera, trata de marcar distancia de las apreciaciones desde la justicia entrerriana y el propio ministro de Gobierno, Adán Bahl, en cuanto a la nulidad del acta, por haberse firmado en condiciones poco claras. A su vez, solicitaron que el Estado “garantice la seguridad y el orden, gestando las condiciones necesarias para el bien común, evitando que se reiteren momentos de extrema gravedad como los vividos recientemente”.
La situación en torno al acta firmada por el gobierno entrerriano y los policías sediciosos, además del Obispado y el Centro de Comercio, sigue generando opiniones dispares. A las apreciaciones desde la justicia (el propio procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García al igual que los fiscales que intervinieron en los hechos), en cuanto a la nulidad del acta, por haberse firmado “bajo presión” en función de la presencia con armas de los uniformados, en el encuentro desarrollado en la Casfeg, se sumaron esta semana los conceptos del ministro de Gobierno, Adán Bahl. El titular de la cartera política ratificó plenamente lo que se había dicho desde la justicia e insistió con la “nulidad” del acta, que propulsó el propio gobernador Sergio Urribarri, en relación al encuentro del último jueves en Casa de Gobierno, con la cúpula policial y los jefes departamentales.
En esos primeros días de diciembre, después de intensas horas de violencia, en donde se registraron 40 heridos y tres muertos, se pactó un acuerdo. El 9 de diciembre, entre sonrisas, fotos y abrazos, después de la arremetida de un grupo de insurrectos, que trompearon e hirieron al jefe departamental de Concordia, comisario Lucio Villalba y a otros funcionarios policiales, Urribarri ofreció un básico de $8.500 y, en una asamblea, un grupo mayoritario de los policías que realizaban la medida de fuerza y habían dejado a las calles desprotegidas, accedió a levantar la protesta. Urribarri había dicho que no negociaría con los policías, pero luego hizo una propuesta de aumento salarial que fue aceptada en principio por los manifestantes, tal como se conoció por todos los medios de comunicación.
Según los dichos del ministro Adán Bahl, en el encuentro con las autoridades policiales, el Acta “fue obtenida de la extorsión plenamente dicha”, aunque admitió en el encuentro que no había mucho margen para hacer otra cosa que la que se hizo, en virtud de que los cabecillas de la revuelta “no querían entrar en razón” y el contexto obligaba a una salida urgente. Sin embargo dijo, ante la cúpula policial y los jefes departamentales, que no era ese el motivo del encuentro, sino que el interés era poder tratar el asunto salarial. Bahl emitió varios conceptos e insistió en que el Acta es “incongruente”, “nula”, “viciada” y “forzadas por las circunstancias de tal suerte que nunca va a tener la legalidad ni la fuerza suficiente que tienen los instrumentos legales”, consigna hoy Análisis Digital.
Anoche, el Obispado y el Centro de Comercio emitieron un comunicado conjunto, donde, de alguna manera, marcaron distancia de los dichos de la Justicia y del propio ministro Bahl. En el escrito consignaron que “tanto el gobernador como los policías pidieron el auxilio del Obispo de Concordia y del Centro de Industria y Comercio de nuestra ciudad, para facilitar el diálogo y dar lugar a la imprescindible resolución del conflicto”.
Remarcaron que “ante nosotros, ninguna de las partes expresó firmar bajo presión”, a la vez que “la solución inmediata del conflicto era un reclamo de toda la ciudadanía, ante la situación de caos y violencia imperante”.
En tanto, consignaron que “declarar la nulidad de lo firmado es competencia exclusiva del Poder Judicial, mediante sentencia firme” y solicitaron que “el Estado garantice la seguridad y el orden, gestando las condiciones necesarias para el bien común, evitando que se reiteren momentos de extrema gravedad como los vividos recientemente”.