Transcurrieron dos años de la nueva conformación legislativa, y si bien ya designaron a los integrantes de la Bicameral, no se reunió y no definió el trabajo para designar al ombudsman. Los entrerrianos no tienen quién los defienda. Culmina un nuevo año legislativo, el segundo desde la nueva composición de las cámaras,
y los legisladores aún no avanzaron en la designación del defensor del Pueblo provincial. La figura fue introducida en la Carta Magna provincial en la reforma de 2008, a fines del año siguiente se sancionó la Ley Nº 9.931 que regula la institución y a mediados de 2010 se inició un proceso de designación del defensor, que terminó quedando trunco a los pocos meses por rencillas políticas. El 24 de abril y el 25 de abril de 2012, el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, designaron a los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, en lo que pareció ser un fuerte impulso. Pero desde allí nada avanzó.
La comisión nunca se reunió, no definió a sus autoridades ni avanzó en el trabajo para designar al ombudsman. Uno de los nombres que sonaba como posible titular de la Comisión era el senador Oscar Arlettaz (Colón). Los demás representantes por la Cámara Alta designados son César Melchiori (Islas), Aldo Ballestena (La Paz), Enrique Tomás Cresto (Concordia), María Angélica Guerra (Federación), Luis Alberto Schaaf (Tala), Eduardo Taleb (Federal) y Víctor Vilhem (San Salvador). En tanto, Diputados nombró a los justicialistas Juan Navarro (Tala), Martín Uranga (Paraná), María Laura Stratta (Victoria) y Pablo Mendoza (Paraná); Agustín Federik (Paraná) y Jorge Monge (Diamante) por el radicalismo; y Rosario Romero (Paraná) y Diego Lara (María Grande), en ese entonces elegidos en representación del ya extinto Frente Entrerriano Federal en la Cámara Baja. Los legisladores deberán decidir si para la designación del ombudsman entrerriano se prosigue con la misma terna de la anterior conformación, la cual no prosperó «por cuestiones formales y de procedimiento».
Vale recordar que Diputados rechazó, el 6 de octubre de 2011 (por 21 votos en contra, 4 a favor, una abstención y una ausencia), el dictamen emitido por la Comisión Bicameral a través del cual se proponía a Mariano López como Defensor del Pueblo; y a Enrique Moreyra Ghiglione y Sebastián Aguilar como adjuntos. También merece recordarse que en octubre de 2010, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Peronismo Federal (PF) se expresaron en contra del dictamen, mientras que el Movimiento Social Entrerriano y los unipersonales 17 de octubre y Encuentro por la Democracia apoyaron a los postulantes. El debate estuvo precedido por la lectura de una nota de la abogada uruguayense María Isabel Cacciopoli, en la que presentó sus quejas por las decisiones de la Comisión Bicameral.
En ese momento, el bustismo, en medio de la intensa interna peronista removió a José Ángel Allende luego de que conformara su propio bloque, denominado «17 de octubre» y a Jorge Maier, del Movimiento Social Entrerriano. El 27 de agosto del año pasado, en el plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) en Paraná emitieron una declaración para que se instrumente la Defensoría del Pueblo de la provincia de Entre Ríos, mientras que el ombudsman de Paraná, Luis Garay, confirmaba a Recintonet que Entre Ríos es una de las tres provincias de las que tienen como mandato constitucional esta figura que aún no designó a su defensor del Pueblo.