Paraná.(RN). La comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado discutió este jueves un proyecto de ley, que tiene media sanción, y que propone un tope financiero para los denominados códigos de descuento. El proyecto apunta a que el costo financiero total de esos créditos, no supere el cinco por ciento (5 %) adicional a la Tasa informada mensual
Paraná.(RN). La comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado discutió este jueves un proyecto de ley, que tiene media sanción, y que propone un tope financiero para los denominados códigos de descuento. El proyecto apunta a que el costo financiero total de esos créditos, no supere el cinco por ciento (5 %) adicional a la Tasa informada mensualmente por el Banco de la Nación Argentina, como aplicable a las operaciones de préstamos personales para Jubilados y Pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, que sean reembolsados a través del sistema de código de descuento.
El proyecto alcanza los préstamos otorgados por financieras, tarjetas de créditos, mutuales, bancos, cooperativas y cualquier otra entidad autorizada a efectuar préstamos de crédito a interés, que hagan operativo directa o indirectamente el repago de los mismos a través del sistema de código de descuentos que otorga e implementa en las liquidaciones de haberes la administración pública provincial.-
Desde el Senado se han pedido opiniones a la Administradora Tributaria de la provincia de Entre Ríos (ATER) y a la Fiscalía de Estado, los que aún no han sido respondidos. La demora movió a los senadores a pensar en introducir modificaciones en el reglamento del Senado para que las consultas a otros organismos sean respondidas en tiempo y forma.
Sidecreer en la mira
Una de las tarjetas que respaldaría a financieras es la tarjeta del Estado, Sidecreer, creada en la gestión de Sergio Montiel, y sostenida por los gobiernos posteriores y que tiene como principal destinatarios los empleados públicos.
La diputada María Emma Bargagna advirtió, en ejercicio de su mandato, que la tarjeta del Estado era una de las que debía limitarse, ya que los intereses que cobrara superaban largamente los que se habian estipulado para el sector. Para eso quiso replicar en Entre Ríos el alcance del decreto presidencial que limita el interés de la asistencia crediticia y entendió que las transacciones de la tarjeta se concretan a través de mutuales cuyo interés supera el 80 por ciento anual”.
“Es importante advertir que Sidecreer ha ido transfiriendo con el tiempo su rol a las mutuales y al ser un servicio creado por el Estado tiene posibilidades de fijar códigos para el cobro de sus servicios lo que le garantiza una cartera de cobrabilidad absoluta, pero el objetivo en sí de la tarjeta se ha ido desnaturalizando”, advirtió Bargagna.
Para la diputada, ese proceso de desnaturalización se produce cuando Sidecreer “terceriza los servicios y las mutuales son sus prestatarias y cobran intereses elevadísimos”, cuestionó entonces la legisladora.
La norma nacional
En 2012, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) estableció las sanciones que se aplicaron a las entidades que infrinjan las normas previstas para el otorgamiento de créditos a jubilados, según las resoluciones 34 y 35 publicadas en el Boletín Oficial, en la primera semana de febrero de ese año. La primera de las normativas reglamentó cómo se deben notificar a las entidades las novedades para poder operar en el Sistema de Descuentos a favor de Terceras Entidades.
Allí se señala que decreto 246 del 2012 fijó el límite para el costo de los créditos otorgados “a través de la operación del sistema de código de descuento a favor de terceras entidades, en la forma de Costo Financiero Total (C.F.T.) expresado como Tasa Efectiva Anual (T.E.A.)”: El costo financiero total, según el decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no puede exceder en un 5% adicional la tasa informada mensualmente por el Banco Nación como aplicable a las operaciones de préstamos personales para Jubilados y Pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino que sean reembolsados a través del sistema de código de descuento.
En tanto, la resolución 35 aprueba la aplicación de sanciones para las entidades que incurran en demoras de presentación de documentación, que violen las normas de protección de datos privados y hasta que aplique un descuento indebido..(RecintoNet)