Paraná.(RN). Guillermo Smaldone es el actual presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, pero antes fue ministro de Trabajo de Sergio Urribarri y es quien debería revisar los gastos que él mismo realizó en ese anterior cargo. En este primer rol que tuvo, en enero de 2014 contrató la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnó
Paraná.(RN). Guillermo Smaldone es el actual presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, pero antes fue ministro de Trabajo de Sergio Urribarri y es quien debería revisar los gastos que él mismo realizó en ese anterior cargo. En este primer rol que tuvo, en enero de 2014 contrató la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral”. Y para eso acudió a la firma “Relevamientos Catastrales SA”, empresa que volvió a principios de este año a mencionarse en los medios porque era sindicada como quien iba a quedarse con la tercerización de algunos servicios de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), algo que con la gestión de Gustavo Bordet fue descartado.
Pero, a Recalt SA se la contrató por tres años por el ex ministro de Trabajo urribarrista, a “un precio mensual de 550.000 pesos, resultado un importe total de pesos diecinueve millones ochocientos mil (19.800.000 pesos)”, según informó el Decreto 32, fechado el 20 de enero de 2014 que en su momento difundió Recintonet.
Ahora, en la Cámara Baja provincial piden informes sobre esta contratación millonaria, que involucra al actual presidente del Tribunal de Cuentas.
El diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos-Paraná), pidió al Poder Ejecutivo que informe a la Cámara Baja cuáles fueron las razones que movieron al Ministerio de Trabajo, conducido por el ahora presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, “a contratar un sofware que demanda una erogación mensual de 550 mil pesos por parte del Estado” y que explique “cuáles han sido las necesidades o problemáticas de gestión y administración que justificaron esa adquisición cuyo costo luce a simple vista sumamente exagerado”, dijo Vitor en su pedido de informes –al que accedió Recintonet- en el que advirtió que la contratación final, por el período de 36 meses, demandará un gasto al Estado provincial de casi 20 millones de pesos.
El diputado, que ha reclamado con insistencia que se avance en transparentar los organismos de control del Estado, pide que se detalle “qué tipo de software de gestión y administración integral ha diseñado, para el Ministerio de Trabajo de la provincia, la firma en cuestión que es Relevamientos Catastrales SA, en el marco de la Licitación Pública Nº 84/13, adjudicada a esa firma mediante Decreto Nº 32/14 y también que se precise “ en qué consiste el servicio por el que la provincia abona 550.000 pesos mensuales” y si “esa firma ha culminado con la implementación total del software o solución informática contratada”.
El pedido de informes, que fue acompañado por toda la bancada de Cambiemos, pregunta además “cuáles son concretamente las ventajas o utilidades que brinda el software de gestión o solución informática diseñada por la empresa adjudicataria y si ha dado solución a la necesidad que motorizó su adquisición”.
También se pide al Ejecutivo que “aclare si transcurrido los treinta y seis meses de vigencia de contrato, la provincia adquiere la propiedad intelectual del software contratado y si el mismo continuaría funcionando normalmente o requeriría, en cambio, la asistencia técnica de la empresa para su plena operatividad”
Finalmente, en el texto que ya fue ingresado a la Cámara, pide al Ejecutivo que indique “cuáles han sido los parámetros o referencias utilizados por la Dirección de Informática de la Provincia para determinar la razonabilidad del precio ofrecido por la empresa Relevamientos Catastrales SA, que asciende a 550.000 pesos mensuales, , por el plazo de treinta y seis meses, lo que determina un importe total para la provincia de pesos diecinueve millones ochocientos mil $ 19.800.000 finales y qué organismo del Estado provincial verifica o audita las condiciones de prestación del servicio y cómo se realiza” y si “se ha verificado algún tipo de incumplimiento en la prestación de servicio y en tal caso, qué sanciones o penalidades le han sido aplicadas”, pregunta Vitor.(RecintoNet)