El juez federal Pablo Seró tiene en estudio una denuncia por malversación de caudales públicos, según indicaron fuentes tribunalicias. El mecanismo habría consistido en la “triangulación” de fondos para la compra de siete automóviles para el Ministerio de Salud de la Nación por intermedio de la Universidad Nacional de Entre Ríos y, de esa forma, evitar controles legales. Uno de esos vehículos lo utilizaba el ministro.
La investigación sobre los convenios firmados entre las universidades nacionales y el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para la contratación de bienes y servicios llegó a Entre Ríos: el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, recibió hace unos días una denuncia por presuntos hechos de corrupción en la administración de fondos públicos derivados a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La denuncia sobre la que trabajan el juez Seró y la fiscal Milagros Squivo revela que los convenios no se limitaron a la contratación de personal, como en un principio se creyó, sino que se extendieron también a la compra de bienes, según pudo saber Página Judicial.
El mecanismo habría consistido en la “triangulación” de contrataciones y compras de bienes por intermedio de la universidad para evitar controles legales. En el caso concreto de la UNER, se investiga la compra de siete vehículos sin asignación presupuestaria, sin autorización ni control del Consejo Superior, con dinero ingresado a través de la Oficina de Vinculación Tecnológica. La Vintec, como se conoce a la oficina, es una especie de caja negra de la universidad, a través de la cual se canalizan los convenios con organismos públicos, particulares y empresas privadas para el fomento de la innovación, la ciencia y la tecnología. A poco de asumir, el ministro de Salud, Jorge Lemus, por ejemplo, se enteró que el auto oficial en el que se movilizaba todos los días había sido adquirido a través de la UNER… En octubre de 2011, la UNER firmó un convenio marco de cooperación con el Ministerio de Salud de la Nación, “a efectos de la implementación y desarrollo de acciones de cooperación, gestión de aquellos planes, proyectos y programas dependientes de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación”.
Al pie se leen las firmas del ministro Juan Luis Manzur, el rector Jorge Amado Gerard y el titular del organismo ministerial, Eduardo Bustos Villar. El cumplimiento de ese y otros convenios que le siguieron con la cartera sanitaria le reportó a la universidad alrededor de 37 millones de pesos, hasta el 10 de diciembre de 2015. La sospecha es que desde el Ministerio de Salud de la Nación ingresaron fondos a la UNER, por intermedio de la Vintec, y que con esas comisiones se adquirieron los siete vehículos en cuestión, registrados a nombre de la universidad e inscriptos en el Registro de la Propiedad del Automotor Número 1 de Concepción del Uruguay, pero que nunca fueron utilizados por dependencias de la academia, salvo dos de ellos –una Peugeot Partner y un Volkswagen Vento– que en los últimos días aparecieron en el Rectorado. En cambio, el rector habría concedido autorizaciones a personas que no son empleados de la universidad autorizándolos a conducirlos. Un ejemplo de ello es la gran cantidad de multas que debió abonar la universidad por infracciones de tránsito cometidas en distintos puntos del país.