El abogado denunciante de la causa hizo una nueva presentación en la que pide que se investigue los funcionarios ante la supuesta conducta de «partícipe necesario» en el desfalco por más de 5 millones de pesos que la empresa Grandes Máquinas le ocasionó al Estado. La causa penal en la que se investiga la desaparición de más de 5 millones de pesos para la construcción de cosechadoras que nunca se hicieron sumó un nuevo ingrediente.
El denunciante, Guillermo Mulet, presentó el martes una ampliación de denuncia en el que involucra al ministro de Economía, Diego Valiero; al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; y a miembros del Directorio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos. El caso tenía en la lupa al ministro de Producción, Roberto Schunk, quien había otorgado esa suma de dinero al Grupo Senor, a través de la empresa B.S.V. antecesora de Grandes Máquinas. La historia se remonta al año 2009, cuando el Grupo Senor presentó un proyecto para instalar en Concepción del Uruguay una planta para la construcción de cosechadoras.
El Gobierno le otorgó entonces un crédito por 574.000 pesos, en 2011 otro por 4 millones y en 2012 otro por 1 millón a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver). Las cosechadoras no se construyeron y la planta terminó siendo un galpón vacío. Lo único que se había hecho con los fondos otorgados fue la carcasa de una cosechadora Maag Mitos que sirvió como anuncio de la misión comercial a Angola. Todo terminó siendo un papelón que la fotografía capturó en una imagen del 13 de marzo de 2012, en la Casa Rosada, donde se la ve a la presidenta Cristina Fernández y al gobernador Sergio Urribarri a bordo de lo que sería la cosechadora que exportaríamos los argentinos y, principalmente, los entrerrianos.
La causa
Tras la denuncia de Mulet, el fiscal Ignacio Arambarry solicitó una serie de medidas tendientes a establecer su verosimilitud y, a partir de ahí, avanzar en una investigación por la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública por parte de funcionarios del Gobierno provincial y de los titulares de la empresa de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA. A más de dos años de la denuncia, la Procuración General a cargo de Jorge Amílcar García avanzó con los titulares de la firma, que dicho sea de paso, quebró.
Mulet en su ampliación de denuncia a la que tuvo acceso Página Judicial – sostiene que Valiero y Rodríguez Signes «abrían actuado consistiendo, apoyando y actuando sin probidad, realizando con su conducta un aporte necesario sin el cual los integrantes de Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A., Ricardo Vicente y Ricardo Javier Senor, Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll no habrían podido concretar su maniobra delictiva», la que consistió en solicitar al Poder Ejecutivo la asistencia financiera para la instalación de la empresa. Para el abogado del foro local la conducta imputada a los funcionarios «resultaría ser la de partícipe necesario cuyo aporte fue esencial a los fines del hecho delictivo».
El argumento más sólido en la investigación, hasta el momento, son los tres decretos donde constan los montos y condiciones para los créditos que se otorgó a Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, entre 2009 y 2012. En los decretos, surge claramente la responsabilidad del Ministerio de la Producción (antes Secretaría de la Producción) como órgano de contralor de la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las condiciones fijadas a la empresa, como también la «correcta utilización del crédito».
Pero la situación de los funcionarios es más comprometida considerando que ya en 2010 se había establecido, como condición para el desembolso del dinero, fijar un cronograma de entregas bimestrales y además, en caso de incumplimiento en las obligaciones asumidas por la empresa, esta deberá abonar en forma inmediata la totalidad del dinero otorgado con más los intereses establecidos. Estas dos motivaciones impulsaron a Mulet a denunciar al fiscal de Estado, como responsable de defender el patrimonio público y a los miembros del IAPSER, entre ellos el responsable General de Gerencia de Asesoría Letrada del instituto, Julio Lisandro Rodríguez Signes, hermano del fiscal de Estado. El expediente tramita en el Juzgado de Transición a cargo de Paola Firpo. La pesquisa a cargo del fiscal, Gervasio Labriola.