Detalló que el plan de gobierno para el año que viene implica un incremento del 3,58% en el presupuesto asignado a salud; del 2,78% en educación y del 1% en seguridad. Además, anunció un presupuesto para la obra pública que alcanzará el 8,4% en 2025, cuando el promedio ejecutado entre 2020 y 2023 fue del 4%.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presenta el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Administración para el ejercicio 2025. La cita es en el recinto de la Cámara de Diputados.
La presentación del presupuesto es un evento crucial que definirá las prioridades del gobierno provincial para el próximo año.
El gobernador detalló que el plan de gobierno para el año entrante implica un incremento del 3,58 por ciento en el presupuesto asignado a salud; del 2,78 por ciento en educación y del uno por ciento en seguridad. Además, anunció un presupuesto para la obra pública que alcanzará el 8,4 por ciento en 2025, cuando el promedio ejecutado entre 2020 y 2023 fue del 4 por ciento.
Sumado a ello, el mandatario destacó gestiones que se están llevando adelante para acceder a financiamiento de organismos multilaterales para grandes obras de infraestructura, por un valor cercano a los 600 millones de dólares. «Gestionamos para todos los entrerrianos», expresó tras comunicar que habrá incrementos en el financiamiento de la salud, la educación, la seguridad y un presupuesto récord en obra pública.
«El ajuste no puede hacerse a expensas de lo básico que necesitan las personas para vivir y construir su futuro», remarcó y agregó «el verdadero desarrollo se logra con más y mejor educación pública, con más y mejor salud pública, garantizando la seguridad, sacándole el pie de encima al sector privado y haciendo las obras de infraestructura necesarias para impulsar la producción y la industria».
«Implementamos una política de austeridad, terminamos con las estafas al Estado, cuidamos cada peso y nos aseguramos de que todos los recursos sean utilizados en beneficio de los entrerrianos», apuntó Frigerio.
Entre las medidas que permitieron alcanzar los objetivos para el presupuesto 2025, se destacan la mejora en la eficiencia del gasto público (mediante la continuidad del decreto 991/24); el proceso de control de ausentismo y de licencias del personal; el ahorro fiscal por menores pagos de suplencias; la eliminación de los gastos reservados; las medidas para transparentar la administración pública, entre las que se destaca la publicidad de la información sobre la remuneración de funcionarios políticos; el tope a sueldos de funcionarios que estableció que nadie cobre más que el gobernador; la reducción de la planta de vehículos oficiales y su reasignación a las fuerzas de seguridad y a gobiernos locales; la reducción del déficit previsional; y la modificación en el régimen de contrataciones.
Desendeudamiento
El mandatario también destacó la reducción de la deuda en dólares, que en 2023 era del 96 por ciento, y en 2024 cerrará en el 88 por ciento.
Reclamos a Nación
Por otra parte, el gobernador resaltó que «estamos dando peleas ante el Gobierno Nacional como nunca antes se hizo en nuestra provincia». Mencionó en ese sentido las presentaciones que decidió hacer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y los excedentes de Salto Grande, pero subrayó que «no es la única batalla que estamos dando».
Informó en ese marco que su gestión también está reclamando el pago de la deuda por compensación del Consenso Fiscal; la eliminación de las afectaciones del impuesto a los combustibles; una línea de crédito con el Banco Nación; la renegociación de la deuda con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial; la exención impositiva para la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande; el financiamiento nacional para la Uader; el pago de la deuda por obras públicas iniciadas y la ampliación de las obras presupuestadas.
Por último, adelantó que los fondos que se logren recuperar permitirán aumentar la inversión en gasto de capital para mejorar la educación, las rutas y caminos, la salud y la seguridad; bajar los impuestos, que es un reclamo del sector privado; reducir el stock de deuda heredada; y cuidar el poder adquisitivo del salario de los empleados estatales.