Lo confirmó el Frente Sindical de Universidades Nacionales, mientras decenas de facultades permanecen tomadas a lo largo del país. La medida de fuerza será el 17 de octubre por 24 horas.
Las universidades volverán a parar el jueves 17 de octubre, una medida que profundiza el conflicto con el Gobierno tras la ratificación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento. En paralelo, durante las últimas horas hubo tomas estudiantiles en 25 facultades de todo el país.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales fue el encargado de definir y anunciar las medidas de fuerza. En primer lugar, declararon una semana de lucha, que comenzará el lunes. El martes confirmaron que se reunirán con centros de estudiantes y el Consejo Interuniversitario Nacional para “sostener la unidad del frente universitario y acordar un marco de acción programático”. Y el jueves habrá un cese de actividades por 24 horas.
“Por otra parte, se considera fundamental una acción de federalización del conflicto universitario por regiones: en la construcción de la federalización de una marcha universitaria”, propusieron a través de un comunicado firmado por varios sindicatos del gremio docente.
La intención es que a partir del malestar generalizado en toda la comunidad educativa se geste una tercera Marcha Federal Universitaria.
Entrada la noche de este jueves, en algunas facultades continuaban las asambleas para definir cómo seguir el plan de lucha. Entre las instituciones donde continuaban las tomas están la Universidad Nacional de La Matanza, algunas facultades de la UBA, Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de José C. Paz, entre otras.
El plan de trabajo lo presentó el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, durante la XVI Sesión del Colegio de Auditores Generales. Fue aprobado por unanimidad y ya fue enviado al Congreso de la Nación, según lo establecido en la Ley 24.156.
En el documento, que está publicado en su página web oficial y es abierto para la comunidad, se explica que las instituciones elegidas para auditar el año que viene fueron seleccionadas objetivamente a partir del análisis de la Matriz de Importancia Relativa (MIR, según su sigla) y de manera acorde a su capacidad operativa de la AGN.
“Dentro de ese universo seleccionado, algunos entes o materias son objeto de auditorías permanentes por parte de AGN (por ejemplo, la Cuenta de Inversión en virtud de las normas legales vigentes o los exámenes comprometidos en virtud de convenios suscriptos con entidades financieras, no financieras y empresas públicas)”, señalaron acerca de algunos casos puntuales.
Otros, por su parte, surgen por el impacto relativo o relevancia social de programas o políticas públicas específicas, de acuerdo a lo aclarado.
“En todos los casos, las auditorías se realizan en el marco de las Normas de Control Externo Gubernamental que se amparan legalmente en el artículo 119 inciso d) de la Ley Nº24.156. A tal fin, los hallazgos y recomendaciones vertidas en los informes se sustentan en muestras seleccionadas y testeadas siguiendo estándares internacionales en la materia”, se lee en texto.
Entre las auditorías programadas que más se destacan se encuentran las que se realizarán sobre las universidades públicas. El anuncio se da en un contexto de tensión entre el sector y el Gobierno, acrecentado luego de que el Presidente vetara la ley de financiamiento universitario.
En este sentido, se auditará la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y las universidades públicas nacionales de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de la Patagonia San Juan Bosco; de Chilecito; de Avellaneda, del Nordeste.
El foco cambiará dependiendo de la institución: algunas serán sobre la gestión administrativa, financiera y contable, mientras que otros se centrarán en el análisis transversal sobre los procesos de compras y contrataciones y también sobre la gestión de bienestar estudiantil.