El martes pasado la Policía allanó la torre Amarras II, lujoso edificio del puerto de Santa Fe. Inicialmente motivado por un conflicto entre un propietario y su inquilino, se descubrió que allí funcionaba una «cueva» financiera, lo que llevó a una investigación federal por defraudación y lavado de activos.
El operativo se realizó a raíz de una denuncia por un conflicto entre el dueño del departamento y su inquilino, un ciudadano chileno que había alquilado «de palabra» el contrato con una mujer santafesina. Según la investigación, el inquilino se presentó en el lugar luego de varios meses y se encontró con que la cerradura había sido cambiada y no podía acceder al inmueble, donde aún tenía electrodomésticos propios. Al ingresar la policía, se encontraron con Ángel Yamil Benavidez, militante radical oriundo de Diamante de 40 años, quien era el subinquilino del departamento y estaba en posesión de 45 millones de pesos, 85.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales, además de 39 tarjetas de débito emitidas todas por el mismo banco.
Benavidez fue detenido e imputado por los delitos de lavado de activos y defraudación mediante el uso de tarjetas de débito. La fiscalía federal sigue con las investigaciones para determinar si hay más personas implicadas en la maniobra delictiva, que acaparó la atención social y mediática en una semana movilizada por el desarrollo del caso.
También se supo que militó activamente en la UCR de Diamante y que luego se radicó en Santa Fe, donde estudio Derecho en la UNL y continuó con su militancia política. Asimismo, trascendió que en 2016 fue Coordinador Ejecutivo del Programa de Actividades, Vía Pública y Transporte, dependiente de la Secretaría de Control; y en 2017 fue nombrado por José Corral, por entonces intendente de Santa Fe, como Coordinador Ejecutivo del Programa de Tránsito y Seguridad Vial.