El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay confirmó este martes la prisión preventiva por 90 días aplicada por la Justicia de Rosario del Tala al concejal de esa ciudad Diego Zapata.
El defensor de Zapata, José Ostolaza, había reprochado la medida dispuesta por la jueza de Transición y Garantía de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, a pedido de la fiscal Emilce Reynoso.
El abogado duda que haya existido delito, y más todavía el delito de corrupción de menores. Tampoco encuentra justificación para la prisión preventiva que le aplicaron al edil por 90 días. “No existen elementos que lo liguen a Zapata al proceso. Pediremos medidas restrictivas para asegurar que el imputado no entorpezca o no se sustraiga a la acción de la Justicia. Pero me parece que una medida tan gravosa como la prisión preventiva, que afecta el principio de inocencia, es gravísimo”, explicó.
Durante una entrevista con Canal 5 Univisión, de Rosario del Tala, el abogado relativizó la situación de su defendido. “El hecho no existió y estamos lejos de que se trate de corrupción de menores”, aseveró.
Hay dos hechos por el supuesto delito de corrupción de menores que se imputan a Zapata, que además de concejal de Juntos por el Cambio, es enfermero en el Hospital San Roque, coordinador de la carrera de Enfermería en la Escuela Julio Ossola, y también miembro de conducción de la seccional Rosario del Tala de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Tanto Salud como Educación han corrido de sus funciones al dirigente, y también el Concejo Deliberante lo suspendió en el cargo y le quitó el beneficio del cobro de dieta.
Las declaraciones que formuló el defensor Ostolaza en torno a la causa merecieron el repudio de la seccional Tala del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. La entidad instó a la población a confiar en la labor de la Justicia y repudió “a aquellos profesionales del Derecho que a través de declaraciones o comentarios públicos desvirtúan todo el sistema penal y/o que pretenden llevar a cabo una defensa penal justificando lo injustificable o intentando desacreditar a víctimas con interpretaciones totalmente contrarios a derecho, que en definitiva no favorecen a su defendido , pero que incluso revictimizan a los menores involucrados, los cuales deben ser sujeto no sólo de respeto sino por sobre todas las cosas de protección”.