Sebastián Negri, oriundo de Concepción del Uruguay, asumirá la presidencia de la Comisión Nacional de Valores, en reemplazo de Adrián Cosentino: había puesto su renuncia a disposición de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, quien en las últimas horas decidió aceptársela y nombrar al entrerriano.
El flamante presidente es abogado por la Universidad de La Plata (UNLP), magister en Relaciones Internacionales con orientación en Economía Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). A su vez, realizó un curso de especialización en Derecho sobre Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo en la
Universidad de Salamanca, España (Fundación General USAL).
Negri se venía desempeñando como vicepresidente del organismo encargado de supervisar el mercado de capitales y anteriormente había sido subgerente de Sumarios a Agentes del Mercado de Capitales e integrante de la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero.
En el ámbito académico, es profesor adjunto de Economía Política e investigador en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. También fue asesor de la Comisión Bicameral de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial y trabajó en el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Acerca del organismo
La Comisión Nacional de Valores es el organismo oficial autárquico -actuante en la órbita del Ministerio de Economía- que se encarga de la “promoción”, “supervisión” y “control” de los mercados de valores de toda la República Argentina.
Concentra el control de todos los sujetos de la oferta pública de valores negociables, a fin de promover “igualdad de trato y participación”, creando mecanismos que permitan garantizar una eficaz asignación del ahorro hacia la inversión.
Creada durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía, esta comisión es la encargada de otorgar la oferta pública, velando por la transparencia de los mercados y la correcta formación de precios en los mismos, así como la protección del público inversor.
Su dirección está a cargo de un directorio compuesto de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional: duran cinco años en el ejercicio de sus cargos y son reelegibles.