El proyecto de ley presentado por el Frente de Todos para modificar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que eleva de cinco a 25 los miembros del tribunal para otorgar un carácter más federal, obtuvo dictamen de mayoría durante una reunión de comisiones en la que un grupo de gobernadores del oficialismo defendió la iniciativa ante los legisladores.
La iniciativa obtuvo el respaldo del interbloque encabezado por los peronistas José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, al juntar las firmas necesarias de los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
La decisión de pasar a la firma el proyecto fue anunciada por el presidente de Asuntos Constitucionales, el jujeño Guillermo Snopek, y luego confirmada por el titular de Justicia, Oscar Parrilli.
El formoseño Mayans, en tanto, confirmó a Télam que el proyecto será llevado al recinto el jueves 14 de julio.
«Es un tema que ya se debatió cuatro semanas. ¿Para qué vamos a seguir dando vueltas?», sentenció el titular del interbloque del Frente de Todos.
El peronista salteño Sergio Leavy también ratificó la firma del dictamen, y arriesgó que el tema sería llevado al recinto recién en agosto.
La iniciativa se firmó en ausencia de los integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) que se oponen al proyecto. Sólo estuvo unos minutos en la reunión el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el bonaerense José María Torello.
El proyecto, que consta de sólo cuatro artículos, establece que serán 25 los integrantes de la Corte Suprema.
La propuesta, asimismo, dispone que el Senado deberá prestar acuerdo a otros 21 integrantes propuestos por el Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Nacional, respetando la designación de los actuales cuatro miembros: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
El primer artículo del texto, no obstante, anuncia que en una futura «ley especial» se definirá «el modo de organización y funcionamiento» del Supremo Tribunal.
La idea es que esa «ley especial», cuyo proyecto aún no fue presentado, establezca ciertas pautas como la división en salas, la integración por regiones y demás objetivos.
El proyecto, de todos modos, recibirá algunos cambios: en principio, asegurar la paridad de género, lo que asegurará el respaldo de la senadora riojana Clara Vega, una de las aliadas del oficialismo cuyo voto estaba en duda.
En ese sentido, se buscará el mecanismo por el cual cada provincia envíe una cuaterna de candidatos al Poder Ejecutivo (dos hombres y dos mujeres) para que el Presidente de la Nación, haciendo uso de sus facultades constitucionales, envíe los postulantes al Senado.