En las últimas horas la justicia avanzó en torno a la investigación que inició hace 11 meses en el Hospital San Roque de Villa Elisa, donde se investiga a la administradora por peculado y exacciones ilegales.
Clarisa Marano quien fue una de las denunciantes, en mayo del año pasado ante la sospecha de «presunto cobro de oxígeno en el Hospital San Roque de Villa Elisa en la pandemia, y otras prestaciones que cobraban que hacían manejar a este hospital como si fuese una clínica privada», expresó.
El pasado martes la Fiscalía citó a la imputada Claudia Lugrín «quien era la administradora en ese momento del Hospital y que momentáneamente fue apartada de su cargo, pero está prestando funciones en una salita de atención primaria en Colón, la citarán el 27 de abril que es cuando se cumplirán 11 meses desde que hicimos la denuncia».
Respecto a las pruebas aportadas por las denunciantes «dan cuenta que esto se viene haciendo desde hace por lo menos 10 años, y recién ahora, luego de un año, la justicia la imputará por lo sucedido en el 2021, por lo cual nos quedan todos los años anteriores, que esperamos no les lleven tantos años investigarlo».
La causa está caratulada como «C/ LugrÍn Claudia Lorena y otro s/ peculado (exacciones ilegales simples y agravadas, y nombramiento ilegal de funcionario público», todos en concurso real, en calidad de autora material.
Según explicó Marano, que además se desenvuelve profesionalmente en el ámbito del derecho penal, «el delito de peculado tiene una pena de 2 a 10 años de prisión y las de exacciones agravadas tienen de 2 a 6 años, como la pena mínima es muy baja, probablemente se le dictaminará prisión condicional y es probable que siga libre condicionada a comportarse de determinada manera pero estando condenada».
Asimismo agregó que «como a ella se le van a imputar por un año, 58 hechos, en realidad puede ser que sea una pena de cumplimiento efectivo, está la posibilidad».
Finalmente la denunciante comentó que «estos delitos traen aparejados la inhabilitación para ejercer de manera perpetua, entonces al menos si se logra la condena, ella ya no podría volver a trabajar en ninguna parte del Estado».