Numerosas leyes duermen en la Legislatura o fueron archivadas, a un mes de un nuevo aniversario sin reglamentaciones. Agroquímicos, basura, terraplenes, bosques, algunos de los temas.
Numerosas leyes duermen en la Legislatura o fueron archivadas, a un mes de un nuevo aniversario sin reglamentaciones. Agroquímicos, basura, terraplenes, bosques, algunos de los temas. Paranà.(RN). Mientras no pocos piensan que el resurgido conflicto con Uruguay por la pastera UPM está teñido de campaña electoral y política de cara a octubre y que incluso podría ir más allá y proyectar a Sergio Urribarri hacia 2015 – lo cual pudo verse en el rol protagónico del mandatario en la exposición junto al canciller Héctor Timerman- la paralización de la Legislatura en cuestiones ambientales abona la teoría de que en realidad el medio ambiente no es lo que le importa al gobierno, incluso tampoco a la oposición, más allá de algún legislador que en forma unitaria y a su vez solitaria se expresara ocasionalmete a través de algún proyecto por estos derechos. Hace dos meses atrás ya Recintonet daba cuenta que la contracara de la sobreactuación del oficialismo respecto al conflicto por UPM eran las leyes frenadas en ambas Cámaras legislativas, que incluso en un año electoral no se esperan avances.
El caso más notorio es el del Código Ambiental, texto sancionado por la Cámara de Diputados en la anterior composición, y que ya cumplió poco más de dos años en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, presidida por César Melchiori (Islas), quien, paradójicamente, reclamó a los diputados avanzar en otras normas ambientales, como la de Áreas Naturales –que también sigue sin abordarse- y la ley de Bosques, otra deuda provincial. El texto apoyado unánimemente por los diputados, y que insumió un arduo y largo trabajo y consultas a distintos sectores, tiene como premisas la protección, preservación, recuperación y la mejora del ambiente en el ámbito provincial como patrimonio común.
Otra de las iniciativas que, como ya informó Recintonet, siguen sin ser tener un verdadero impulso, ya sea desde la Legislatura o desde el Propio Ejecutivo, es la ley de bosques nativos. En efecto, el gobierno provincial envió un proyecto a la Cámara Alta, donde tuvo media sanción, pero fue archivado un año después en Diputados. Mientras, el director de Recursos Naturales, Claudio Ledesma, advertía que las talas de monte nativo van en aumento en Entre Ríos, según revelaron los controles aéreos y terrestres que realizan en conjunto el área de Recursos Naturales y la Secretaría de Ambiente. Al trascender que se desistió de la iniciativa en Diputados, el ministro de la Producción Roberto Schunk afirmó que elaborarían un nuevo proyecto, consensuado con Nación, que todavía no fue presentado en la Legislatura. Además, según dio cuenta Recintonet, el diputado Julián Rubio (UCR-Gualeguay) presentó un pedido de informes para conocer datos sobre el avance del desmonte en la provincia.
La iniciativa archivada proponía adherir a la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Conservación del Bosque Nativo en todo el territorio provincial y su Anexo I-Plan de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo en la provincia. Había sido ingresada en la Cámara en agosto del año pasado y es un largo reclamo de sectores que piden proteger lo que resta del bosque nativo en la provincia. La norma nacional, también conocida como Ley Bonasso, fijaba un año de tiempo a las provincias para ejecutar este paso, plazo que se fue prorrogando y ya transcurrieron cinco años. Sin una ley, la provincia tampoco recibe los fondos de Nación para la protección de este recurso.
De acuerdo a la ley nacional, cada jurisdicción debe establecer qué zonas de monte nativo se deben preservar (denominadas rojas) y cuáles (denominadas amarillas y verdes) son factibles de ser explotadas en forma sustentable y en equilibrio con el medio ambiente.
Actualmente, el procedimiento que se emplea para cuidar los bosques y las multas previstas en Entre Ríos están contenidos en una resolución del Ministerio de la Producción que data de 2010. Esa normativa prohíbe la deforestación de monte en la provincia y ha ido prorrogándose hasta contar con el ordenamiento. No obstante, el avance de la frontera agrícola por el boom sojero parece no tener freno.
Tampoco hay novedades de la creación de la figura que debería defender los derechos de los ciudadanos entrerrianos: el defensor del pueblo. La Comisión Bicameral que debe llevar adelante la designación fue integrada hace más de un año, pero sigue acéfala, nunca se ha reunido y no ha avanzado en las ternas del proceso trunco anterior o en la selección de nuevas.
La ley de agroquímicos es otra de las deudas de la Legislatura entrerriana. En el Senado está parada una iniciativa pero se apuró en archivar el proyecto con media sanción de Diputados del ex legislador Jorge Kerz (MC) que modificaba la norma vigente. Esta semana se conoció el grave caso de una beba nacida con malformaciones en la zona de Gualeguaychú, que podría estar relacionado con los agrotóxicos y con la contaminación de la pastera. Cabe acotar en este caso que la provincia cuenta por ley con un Comité de Malformaciones, pero poco y nada se sabe de su trabajo. Incluso cuando este portal quiso entrevistarse con una de las integrantes ésta señaló que primero debía hablar con el resto del Comité para autorizar la nota. Demasiada burocracia para un espacio que debe velar por la salud de los entrerrianos.
Volcadero, Arenales, terraplenes
Paraná continúa, en este escenario, con la problemática de los humos del Volcadero y los minibasurales, estos últimos vienen siendo denunciados por distintos vecinos y especialmente por la Asamblea Más Ríos, Menos Termas, quien continúa luchando por la Toma Vieja y protegiendo el lugar de los incendios intencionales en esa zona. Incluso quedó en la nada la segunda reunión que iban a mantener con los Ejecutivos de Paraná y de Entre Ríos luego del caduco proyecto termal, aunque ahora la preocupación es un posible parque acuático del que se desconocen detalles.
Tras la “solución alfombra” como la calificó el Foro Ecologista de Paraná a cubrir con tierra el Volcadero, medida llevada delante de la noche a la mañana por el gobierno provincial, los humos vuelven como fantasmas que recuerdan que allí debajo un volcán puede hacer erupción de un minuto a otro.
Otra problemática que alberga la capital provincial es la situación de Los Arenales. Luego de la polémica generada en 2011 por la construcción de un barrio privado denominado Amarras del Sol en la zona, y la construcción de un muro que viola el Código Urbano municipal, ese emplazamiento sigue sin demolerse o, al menos, adecuarse a las normativas locales, mientras el empresario continúa sin freno en la edificación y poniendo en riesgo la zona de exclusión del Túnel Subfluvial. La paradoja: en febrero de este año fue un medio santafesino el que dio a conocer que la Cámara de Apelaciones de Paraná confirmó la medida cautelar que impide a Sergio Lifchitz seguir adelante con las obras en el barrio privado, hasta tanto se resuelva si es constitucional un decreto del ex gobernador Jorge Busti. Pocos medios locales se hicieron eco de la noticia.
El defensor del Pueblo de la capital entrerriana, Luis Garay, había indicado tiempo atrás a Recintonet: “Lo único que sé es que la nueva gestión tomó nuestra recomendación. Tengo entendido que hay una decisión política por parte de la intendenta (Blanca Osuna) de pedir que se adecue la situación de la obra”. Sin embargo, tal decisión parece, hasta ahora, no ponerse en práctica.
Finalmente, aunque la lista de problemáticas podría ir al infinito, está la situación de los terraplenes en la provincia. El más paradigmático es el de Iberpapel, sobre el Humedal 2 de Agosto. Incluso con una medida cautelar a favor de la provincia para que la empresa de capitales españoles elimine esa barrera artificial, ni el Estado entrerriano ni la firma avanzaron en la destrucción del muro. El propio secretario de Ambiente Fernando Raffo había admitido ante Recintonet que “estaba en stand by” el tema, hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo en la Justicia. Pero esto no impide que se avance en el derribamiento, sino que otra vez hace falta una decisión política.
Pero no se trata del único terraplén en la provincia, la ONG El Paraná no se toca viene denunciando hace tiempo la proliferación de estos muros en las islas del Delta entrerriano, incluso en una que fue donada al municipio de Rosario. El propio gobierno de Urribarri, tras una recorrida aérea, constató la presencia de terraplenes, pero según denuncian los ambientalistas poco ha cambiado.
Cabe recordar uno de los tantos mandatos que la nueva Constitución de 2008 estableció y que duermen en los papeles: el Estado provincial “tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados”, como también el área de recursos naturales y el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (Corufa).
Plazos
En noviembre de este año se cumplirán cinco años de la reforma de la Carta Magna, un año más del plazo que los convencionales dieron a los legisladores para volverla operativa. A este paso, pocos avances parecen llegar en un año electoral y a meses de cerrar un nuevo período legislativo.