En Argentina se estima que hay cerca de 3 millones de monotributistas respecto a 5,8 millones de asalariados registrados del sector privado en el SIPA. El mercado laboral argentino es una de las preocupaciones del gobierno.
En Argentina se estima que hay cerca de 3 millones de monotributistas respecto a 5,8 millones de asalariados registrados del sector privado en el SIPA. El mercado laboral argentino, una de las preocupaciones del gobierno.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó en declaraciones radiales que la AFIP está trabajando en realizar modificaciones en el monotributo «para que sea la puerta de entrada a la formalidad y no una barrera de acceso». La iniciativa va en línea con el proyecto impulsado por Sergio Massa de convertir «planes sociales en empleo».
La preocupación del gobierno se encuentra en aumentar los empleos formales. En la Argentina se estima que hay cerca de 3 millones de monotributistas mientras que, según SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) en Argentina hay 5,8 millones de asalariados registrados en el sector privado. De acuerdo con los resultados de la última EPH elaborados por el INDEC, hay 13,3 millones de personas en edad de trabajar (entre la franja de 15 a 64 años), sobre un total de 28,8 millones de individuos relevados. De ese total, solo 41,6% está en un empleo registrado, es decir, tiene ingresos declarados, como asalariado (8,6 millones de personas) o independiente (3,4 millones).
En relación a la desocupación tomando los últimos datos del INDEC se puede observar que el 31,8% de los desocupados permanecieron bajo esa condición por más de un año. El 22% de los desocupados informa que nunca tuvo un empleo formal anterior. Esto pone en evidencia al mercado laboral argentino: una tendencia mayor hacia el empleo informal y un leve crecimiento en los empleos formales.
Un panorama general fue elaborado en un último informe del Ministerio de Trabajo. En julio de 2021, de acuerdo a la información que surge de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) el número de trabajadoras y trabajadores con empleo asalariado registrado del sector privado creció 0,1% (variación sin estacionalidad). Esta información implica que se incorporaron 4,7 mil personas al empleo asalariado registrado en las empresas privadas.
El crecimiento del total de trabajadoras y trabajadores formales se explica principalmente por las personas ocupadas en el régimen de monotributo, que presentó un aumento mensual de 2,3% en julio. El resto de las modalidades presentaron variaciones (positivas o negativas) moderadas. La evolución del empleo asalariado en el sector privado registró un crecimiento de 0,1%, el empleo asalariado del sector público también creció 0,5% y el monotributo social se contrajo un 0,3%. Por su parte la cantidad de asalariados de casa particulares cayó 0,2% y el trabajo autónomo sólo se redujo 0,7% según datos oficiales.
Empresarios PYME señalan que tres de los principales problemas para crear trabajos «en blanco» son los altos salarios de convenio, las cargas sociales y la indemnización por despido. Sin embargo, Moroni desmintió esta afirmación en diálogo con el programa Toma y Daca: «Las leyes laborales no entorpecen el sistema laboral”.
Un informe reciente de La Fundación Friedrich Ebert dio a conocer datos que esclarecen la situación y porqué la voluntad del gobierno de realizar una modificación: las casi 4 millones de personas inscriptas en el monotributo equivalen al 64% de los puestos asalariados registrados del sector privado. Otro dato es que dentro del monotributo, el 84% de las personas pertenece al régimen general y el 16% al monotributo social. También se desprende que las personas inscriptas en el monotributo equivalen al 22% de la población económicamente activa.
El gobierno buscará incentivar el empleo formal a través de dos mecanismos. Por un lado, con la confirmación de que la AFIP trabajará en una modificación del monotributo y por otro lado, con la ley para cambiar «planes sociales por trabajo» que tiene dos metas: por un lado, propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.
Y por otra parte, de forma complementaria, promueve un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, a fin de que las MiPyMES puedan regularizar relaciones laborales vigentes e iniciadas con anterioridad a la ley. Así, las empresas podrán rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones.