Esta vez por la comisión del delito de Usurpación por Desalojo, en perjuicio del Estado provincial
Esta vez por la comisión del delito de Usurpación por Desalojo, en perjuicio del Estado provincial
Paraná.(RN). El ex legislador justicialista Mario Yedro volvió al banquillo de los acusados, ahora en Nogoyá por una nueva acusación en su contra. Ya registra una condena anterior dictada en Concordia por enriquecimiento ilícito con tres años de prisión condicional y podría convertirse en efectiva.
Yedro volvió al banquillo de los acusados, esta vez por la comisión del delito de Usurpación por Desalojo, en perjuicio del Estado provincial. Fue este lunes, cuando debió permanecer desde las 9 en la Sala de Audiencias del Juzgado en lo Correccional con asiento en Nogoyá. Según se informó, el fiscal de Cámara Dardo Tórtul, mantuvo la acusación al finalizar el debate y pidió cinco años de prisión efectiva.
El juez correccional Miguel Ramos, quien deberá decidir sobre la controversia, anunció la lectura del fallo para el miércoles 27 de noviembre a las 7.30. Cabe destacar que Yedro ya fue condenado por enriquecimiento ilícito a tres años de prisión condicional, se le impuso una multa de 90 mil pesos y se lo inhabilitó absolutamente por el término de 10 años. Esa causa fue iniciada en julio de 1996, tras una publicación del Semanario Análisis.
Yedro suma una nueva acusación en su contra
El fiscal Tórtul pidió cinco años de prisión efectiva para el ex legislador. De esta manera, si se hace lugar, quedaría sin efecto la prisión condicional impuesta en el juicio anterior, cuando el legislador provincial del PJ, fue condenado por la Cámara del Crimen de Concordia, el 16 de diciembre de 2005. Además, en esa condena, se le impuso una multa de 90 mil pesos y la inhabilitación absoluta por el término de diez años. Todo ello, por ser considerado autor material y responsable del delito de Enriquecimiento Ilícito de Funcionario Público. Para ser exactos, en el cuarto punto se procedió al decomiso de tres bienes inmuebles. Eran tres fracciones rurales ubicadas en el distrito Raíces Norte del departamento Tala, inscriptos a nombre de la firma Del Rubio y Humendi SRL. La misma Cámara del Crimen y el Superior Tribunal de Justicia, en su decisión que confirma tal sentencia, señalaron que esa firma había sido creada con la finalidad de encubrir el enriquecimiento ilegal de Yedro.
De esta forma, el 15 de septiembre de 2008, cuando esa sentencia quedó firme, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, tomó posesión de los tres inmuebles decomisados para dar cumplimiento al fallo dictado. Sin embargo, a partir de ese momento, Yedro nunca abandonó los predios manteniéndose y realizando una serie de actos posesorios como si aún fuera dueño de tales campos. Yedro frustró de esa manera el ejercicio de los derechos posesorios del Estado provincial por más de dos años.
Durante todo ese tiempo, el ex legislador se encargó de explotar el establecimiento que ya pertenecía al Estado provincial, como si nada ocurriera. Además, intentó la reivindicación del inmueble, mediante el inicio de una demanda judicial que presentó ante el Juzgado Civil de Rosario del Tala.
En el juicio de este lunes, en Nogoyá, Yedro prestó declaración indagatoria e invocó una autorización verbal de parte del fiscal de Estado para permanecer en dichos predios. Su defensor Claudio Manfrini, refirió que existieron actitudes del gobierno provincial que, tácitamente, admitían la continuidad de Yedro al frente de la explotación de los campos de Tala.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal representado por Agustín Giannini (de Nogoyá) y Dardo Tortul (fiscal General, coordinador de las jurisdicciones de Gualeguay, Nogoyá y Victoria), consideraron todo lo contrario. Aseguraron que del expediente tramitado en el Juzgado de Transición de Rosario del Tala por requerimiento del fiscal Samuel Roskin, surgió que “existe una voluntad expresa y contundente en contrario de parte del Estado provincial a la permanencia de Yedro en los predios decomisados” y pidieron que “se haga efectiva la sentencia de cámara”. Asimismo, en su declaración prestada en forma escrita, Rodríguez Signes negó enfáticamente que se haya celebrado acuerdo alguno con la firma Del Rubio y Husmendi, de la cual Yedro es socio gerente, consignó Análisis Digital.
Pena única
Es más, la Fiscalía solicitó por el delito de Usurpación por Despojo mediante abuso de confianza, tres años de prisión efectiva que es la pena máxima prevista para ese delito. En la misma línea, la Fiscalía pidió que se revoque la condicionalidad de la sentencia anterior de la Cámara de Concordia y se lo condene a la pena única de cinco años de prisión a cumplir en forma efectiva, con más sus accesorias y costas.
Esta solicitud de pena de la Fiscalía, tiene su fundamento -entre otros- en que Yedro por su condición de abogado, debió conocer el significado de las sentencias dictadas y su firmeza. También remarcaron que “existe una expectativa de la comunidad en que se cumplan las sentencias judiciales”.
Además de señalar la expectativa social de que se cumplan los fallos para quienes alguna vez estuvieron en ejercicio de la función pública o en la militancia política, el cumplimiento es “una forma de conducta acorde a las decisiones judiciales”. “Ello reafirma la división de poderes”, agregaron.
Ahora el juez correccional que deberá decidir sobre la controversia es Miguel Ramos, quien anunció la lectura del fallo para el miércoles 27 de noviembre a las 7.30.(RecintoNet)