Funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) nacional que encabeza Hugo Yasky, impulsan que los presos estén sindicalizados, con sueldo y otros derechos. En Buenos Aires y Río Negro el proyecto ya se instrumentó en los penales de Villa Devoto y de Viedma. Pero en Entre Ríos, las autoridades tienen reparos sobre la instrumentación que no está fijada por la actual legislación
provincial. «No solo que la legislación es diferente, sino que en los aspectos presupuestales hay limitaciones para llevar adelante tal medida de pago de sueldos que no están fijados por la ley provincial», sostuvo el director del Servicio Penitenciario en Entre Ríos, Horacio Pascual. Se conoció que días pasados unos 350 presos alojados en el penal de Villa Devoto, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, conformaron un sindicato de trabajadores privados de su libertad y decidieron integrarse formalmente a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que encabeza Hugo Yasky, en el marco de una iniciativa nacida de los propios internos. De esta manera, buscan obtener la protección y la promoción de las tareas que prestan en las diferentes unidades carcelarias del país. Lo mismo ocurrió a principios de julio con penados alojados en el penal de Viedma en Río Negro. Se conoció que el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla) tuvo su origen hace cuatro meses, pero su creación data del 13 de julio cuando un grupo de internos del penal de Villa Devoto decidió dar el paso decisivo de conformarlo y de unirse a la CTA para defender sus derechos en el marco «de la ley 24.660 de ejecución de la pena o de cualquier otra norma, plan o programa que, en la actualidad o en el futuro, disponga y/o regule» las tareas de dichos trabajadores. Ese día, Yasky, secretario general de la CTA oficialista, y otros referentes del sector, los reclusos alojados en Villa Devoto, procedieron a darle forma al nuevo gremio con la firma de un acta, la creación de un estatuto y su integración con detenidos. Un documento elaborado por la CTA detalla que, sobre la base de la ley 24.660, «son numerosas las personas que, encontrándose total o parcialmente privadas de la libertad ambulatoria, con o sin condena, prestan servicios en relación laboral de dependencia» en los diversos penales del país. Dichas actividades «constituyen un derecho y un deber del interno», lo que está reglamentado en el artículo 106 de la norma antes citada, y si bien los trabajos desarrollados en las cárceles son de naturaleza variada, deberían «propender a la formación de los internos». El sindicato ya efectuó sus primeros reclamos: el pago a cada interno que trabaja en la cárcel del salario mínimo vital y móvil, fijado en 3.600 pesos, publicó Uno.
Presos en Entre Ríos
Una gran cantidad de presos entrerrianos considera como viable la creación de un sindicato en las cárceles de Entre Ríos. Incluso se recordó que en su momento Eduardo Gitano Romero (condenado por el homicidio del escribano Rubén Calero), era considerado un referente y delegado de los presos que estudiaban en distintos niveles. Sin querer dar sus nombres, los detenidos se imaginaron el gremio encabezado por conocidos condenados por homicidios o por ser narcos. En esa línea, se recalcó el nivel de respeto interno «por bancarse» a los penitenciarios y otros «pesados» de los pabellones. Por el momento en Entre Ríos es solo un proyecto, que a nivel nacional avanza con el respaldo político e institucional de las autoridades.
«Sin respaldo legal»
El director del Servicio Penitenciario provincial de Entre Ríos, Horacio Pascual, explicó que son bien diferentes las situaciones del Servicio Penitenciario Federal respecto de las provincias. «No solo que la legislación es diferente, sino que en los aspectos presupuestales hay limitaciones para llevar adelante tal medida de pago de sueldos que no están fijados por la ley provincial», referenció Pascual, para luego indicar: «En el ámbito nacional se ve que han hecho los estudios y se lo está impulsando con el respaldo de una central sindical como es la CTA. En Entre Ríos, hoy la legislación es muy clara y cada provincia fija su régimen carcelario».