El 3 de junio pasado se firmó un acta acuerdo en el despacho de la Intendencia, donde Carlos Schepens, junto a sus funcionarios Ricardo Vales y Mario Acuña establecieron las bases para un acuerdo con la empresa Entretenimientos de la Costa.
Jorge Cura, Presidente de la firma, junto a los abogados Krochik y Pedrotti acompañaron con su rúbrica el acta. Cabe consignar que durante la primera semana de mayo de este año, la empresa presentó una nueva propuesta, solicitando a la comuna que «la analice para llegar a un acuerdo» en el marco de las negociaciones iniciadas en febrero, con posterioridad al decreto de rescisión y posterior recurso de impugnación de revocatoria presentado por la concesionaria. Como respuesta, el Municipio hizo algunas «observaciones técnicas», con las cuales la empresa «estaría de acuerdo». Utilizar el potencial en una instancia decisoria como esta, amén de novedoso, quita sustancia a lo que pretendió ser un acto base de un futuro acuerdo. En el acta la comuna se compromete a dejar sin efecto el Decreto por el cual se resolvió por incumplimiento el contrato con la empresa, lo que deja operando sin red a quienes sucedan a Schepens en el Ejecutivo. En uno de los puntos del acta la Municipalidad «renuncia a cualquier reclamos por daños y perjuicios», con lo cual ata literalmente de manos a los ciudadanos de Concepción del Uruguay, para accionar ante el incumplimiento contractual de Entretenimientos de la Costa, con quien la comuna quedará unida por más de una generación. Para la el Mercado Municipal, el destino no es menos comprometido. Dice el acta que «debe ser entregado libre de toda ocupación». La empresa hará modificaciones irrisorias en los equipos de sonido e iluminación y proveerá cien sillas, para un centro cultural con capacidad para casi diez veces esa cantidad de visitantes. El Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC) correrá por cuenta de la comuna. Los planos definitivos serán entregados «como máximo el próximo 29 de julio», pero en ese interín la comuna deberá lograr un pronunciamiento de la Fiscalía de Estado, a la que consultó sobre la conveniencia de rubricar estas modificaciones al contrato. Es decir, el Ejecutivo deberá volver sobre sus pasos, anular el decreto de resolución por incumplimiento, correr con el costo político de desalojar el Mercado y aguardar que Entretenimientos de la Costa tenga a bien no iniciar acciones contra el Estado municipal por daños y perjuicios. Un negocio redondo, sin duda.