El apuro con el se decidió avanzar en e
ta reacción de los movimientos ambientalistas que acampan en la Toma Vieja. La Secretaría de Ambiente provincial admitió que concedió por error la autorización para realizar la perforación. Muchas grietas presenta el proyecto oficial de instalación de un complejo termal en la Toma Vieja de Paraná. Y ahora, a la improvisación, se sumó el apuro. El gobierno decidió avanzar en el desmonte para la perforación exploratoria sin cumplimentar los pasos administrativos y sin la licencia social y provocó la reacción de los movimientos ambientalistas que se oponen al proyecto. Desde el domingo, una veintena de personas mantiene un acampe en la Toma Vieja, luego de que una máquina ingresara al predio de la empresa Energía de Entre Ríos SA (Enersa) para tirar abajo las especies de monte nativo que cubren la zona. “Estamos reclamando porque el desmonte se está llevando a cabo con máquinas, cuando se había dicho que se haría a mano para preservar las especies autóctonas”, dijo uno de los acampantes, que este miércoles tuvieron un fuerte cruce verbal con representantes de la empresa encargada de la tala y con policías que ofician de custodios del lugar. El colmo de la vergüenza fue que la Secretaría de Ambiente de la provincia emitió una resolución en la que reconoce como “un error involuntario” haber autorizado a Enersa a realizar la perforación exploratoria en busca de aguas termales. A través de la Resolución Número 219, el organismo a cargo de Fernando Raffo admite que la autorización para la perforación en la zona de la Toma Vieja otorgada a Enersa en enero pasado se debió a “un error involuntario. Este hecho nos obliga a replantearnos todo el sistema de control que ejerce el Estado sobre las licencias ambientales”, señaló el abogado Diego Rodríguez, director ejecutivo de la fundación M’Bigua, que en mayo pasado denunció por inconstitucional al decreto que autoriza la exploración y que viene cuestionando también las irregularidades en todo el proceso de otorgamiento. “Si la Secretaría de Ambiente, conducida por personas con vasta trayectoria en el tema, otorga ‘por error’ una autorización para perforar 1.500 metros atravesando acuíferos en un proyecto de categoría 2 –es decir, que se sabe de antemano que causará impactos– para el que se utilizarán aproximadamente 15 millones de pesos de fondos públicos, y si el Ente Regulador de los Recursos Termales, en su dictamen, copia parte del proyecto presentado para Villa Elisa sin tener el más mínimo pudor para cuidar que no queden referencias a esa localidad en el texto, el problema de las termas de Paraná excede ampliamente la cuestión ambiental: estamos ante un severo problema institucional. Esto es inadmisible”, agregó Rodríguez a través de un comunicado de prensa. LEA EL ARTÍCULO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA