Las entidades agropecuarias agrupadas en la Mesa de Enlace criticaron duramente la iniciativa y dispusieron un cese de comercialización de hacienda desde este jueves hasta el 28 de mayo, aunque advirtieron que, en caso de no contar con una solución a la demanda de los productores, las medidas de fuerza se extenderán.
«Este es el comienzo de un paquete de medidas que, si no tenemos una respuesta clara y concreta y que responda a los pedidos del sector, vamos a ir incorporando diferentes metodologías y a otros sectores afectados», marcó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.
Así, el presidente de CRA, junto los titulares de FAA, la Sociedad Rural y Coninagro, indicó en una conferencia de prensa que se realizó de manera virtual pasado el mediodía que dicha advertencia «no suene como una amenaza, sino que queremos demostrar que hay una estrategia armada para obtener respuestas».
El presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, que atribuyó la suba del 65% en los últimos 12 meses del precio de la carne a cuestiones «biológicas», indicó que «el enemigo buscado, sobre todo para el kirchnerismo, es el campo y sirve para tapar muchas cuestiones que están pasando, como la pandemia, la salud, el avance en la Justicia».
«El campo está muy disgustado y queremos expresarlo a partir del cese de comercialización y los seguiremos hablando con nuestras bases. Ya recibimos el apoyo de la gente de la cadena», expresó Pelegrina y consideró que la medida «no tiene razonabilidad desde la perspectiva económica».
La protesta de los ruralistas encontró consenso entre otras agrupaciones menores y algunas cámaras frigoríficas y de exportadores que rechazaron la medida oficial, entre ellas la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), la Federación de las Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra), la Cámara de Exportadores de Argentina (CERA) y la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya).
Si bien no realizó un apoyo, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) compartió los fines que persigue el Gobierno, como ordenar el sector, restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las exportaciones y evitar la evasión fiscal, pero consideró que «las restricciones comunicadas en nada colaborarán para su alcance».
Asimismo, el consorcio remarcó la necesidad de que «las autoridades nacionales realicen una convocatoria a todos los integrantes de la cadena para evaluar las medidas más adecuadas para el genuino ordenamiento del mercado, dejando de lado esta limitación, que ha traído alarma e incertidumbre a nuestros trabajadores, proveedores y clientes y que no contribuirá a resolver los problemas estructurales que padecemos».