La causa investiga la millonaria estafa a la ATER, realizada a través del sistema de compensaciones fraudulentas. Involucra a contadores, empleados de ATER, comerciantes y empresarios. La lista completa de imputados.
La jueza de Transición, Marina Barbagelata, resolvió elevar a juicio la causa en la que se investigan presuntos hechos de defraudación a la Administración Pública mediante la manipulación del mecanismo de compensaciones impositivas, en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
Se trata de la causa en la que se investigó la millonaria estafa a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a través del sistema de compensaciones fraudulentas. El fraude alcanza un monto cercano a los $46 millones.Los delitos que se imputan a los acusados son varios, y se agrupan según la fecha de comisión de los hechos y según el imputado sea o no funcionario público.
Entre 2004 y 2014
La investigación por operaciones de compensaciones truchas abarca un periodo que va desde enero de 2004 hasta la denuncia formulada en 2014. Los delitos investigados son, entre otros, la simulación dolosa de pagos, la adulteración dolosa de registros, la defraudación a la Administración Pública, y el cohecho activo y pasivo, es decir, dar o recibir sobornos. Esto es: deudores de impuestos de la ATER simulaban ser proveedores del Estado y tener deudas por cobrar, y así acudían al sistema de las compensaciones. El pago de impuestos se compensaba con esas supuestas deudas.
La jueza Marina Barbagelata resolvió ayer elevar a juicio a la Sala correspondiente de la Excma. Cámara Primera del Crimen en Transición, la causa Nro. 55.960, caratulada “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública (denuncia de Marcelo Pablo Casaretto).
A la misma causa se le acumularon los legajos Nro. 55.289 “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública (denuncias de María Emma Bargagna-Jorge Daniel Monge-Marcelo P. Casaretto) y el Nro. 56.594 caratulado “Martínez, María Estrella de Yankelevich – Gaggión, Abelardo Daniel y otros S/Defraudación a la Administración Pública” (denuncia de Marcelo P. Casaretto).
En los considerandos de la resolución, de 818 páginas, Barbagelata señala que la certeza positiva a la que se arribó respecto de los imputados, mediante la valoración de la prueba colectada durante el período de investigación del hecho, a través del método de la sana critica racional, no ha sido modificada por ningún elemento de prueba agregado con posterioridad a los respectivos procesamientos.
Entre los principales imputados se encuentran los denominados empleados infieles de Rentas, María Estrella Martínez de Yankelevich, Jefa del Departamento Despacho de ATER; Abelardo Gaggión, Jefe de la División Mesa de Entradas de ATER; Darío Barreto, que se desempeñó en la Dirección General de Rentas, en el cargo de Director del Interior, Jefe de la Representación Territorial San Salvador.
También están imputados el ex Tesorero de la provincia, Gustavo Alejandro Gioria (renunció cuando el escándalo estalló); Fabrizio Abraham Carmelo Dayub, agente Técnico Administrativo del Área Mesa de Entradas de ATER; y Daniela Romina Miño, que era agente Técnico-Administrativo.Los empleados infieles están acusados de montar una pequeña pyme delictiva que consistía, según la acusación, en cobrar dinero para compensar deuda ingresando datos falsos en el sistema informático de la ATER.
El mecanismo de compensaciones está habilitado por el artículo 75 del Código Fiscal, donde el proveedor del Estado acredita tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que se aprueban para su compensación por impuestos adeudados al fisco.
En el sistema, según la acusación, se falseaba la información sobre la cancelación de deuda a través de compensaciones, provocando un perjuicio al erario público provincial, equivalente al importe de las deudas por impuestos que fueron fraudulentamente registradas como pagadas.
La imputación dice que las cargas de datos truchos eran realizadas por Gaggion, Dayub y Miño, y que lo hicieron por instrucción de su jefa, Martínez de Yankelevich. También se sostiene que los contribuyentes hacían llegar el dinero a través de, entre otros, Barreto, Jorge Zuttion, ex Director de Impuestos de Rentas; y los contadores Julio Schmukler, Jorge Speroni y Carlos Sagasti, entre otros.
Los imputados
Los imputados en la causa son : María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Darío Fabián Barreto, Gustavo Alejandro Gioria, Fabrizio Abrahan, Carmelo Dayub, Daniela Romina María Miño, Jorge Martín Zuttión, Julio Schmukler, Luis Alfredo Speroni, Carlos Arnoldo Sagasti, Miguel Ángel Banega, Carlos Raúl Castro, Diego Raúl García, Viviana Beatriz Ghiggi, Jorge Luis Malleret, Ricardo Horacio Van Der Donckt, Alberto Francisco Bonvin, Walter Gilberto Castañeda, Fulvio Valentín Dapit, José Miguel Dittrich, Manuel Isauro González, Javier David Kolln, Beatriz Levinzonas, Omar Aníbal Ramón Moledo, Mauro Fabián Neme, Marta Delfina Ponce, Leonardo Miguel Premaries, Raúl Norberto Premaries, Javier Francisco Ramírez, Claudio María Santiago y Miguel Artemio Waigel.
Existencia de los hechos
La magistrada, consideró que la titular de la acción penal pública, (fiscal Laura Cattáneo) “en una posición consecuente con la adoptada durante el trámite de la apelación del auto de mérito, interesa la elevación de la causa a juicio, mediante un escrito en el que desarrolla de manera impecable el análisis de los elementos de pruebas colectados en la causa, que le permite concluir que el plexo probatorio reunido durante la etapa de instrucción es apto y suficiente para reproducir procesalmente el marco fáctico de la atribución delictiva, tanto en relación a la existencia de los hechos como a la intervención penalmente relevante que le cupo a cada uno de los imputados: tanto de aquellos que se opusieron a la elevación a juicio, como de quienes no lo hicieron, análisis éste que sirve de sólido fundamento para dictar el presente resolutorio enderezado al avance hacia la realización del juicio”. Por su parte, la Fiscalía de Estado de la provincia, constituida como querellante, adhirió al pedido del Ministerio Publico Fiscal de elevación de la causa a juicio.