Desde el Instituto Provincial de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, se informó que las categorizaciones e inscripciones de los servicios de atención y rehabilitación para personas con discapacidad que vencían en 2020 fueron prorrogadas por un año.
De este modo, todas aquellas instituciones entrerrianas que durante el presente año debían realizar nuevamente el trámite tendrán una extensión en el plazo de validez de sus categorizaciones, debido a las alteraciones en la modalidad habitual de trabajo que se produjeron desde el inicio de la pandemia.
Mientras tanto, los profesionales de la provincia continúan trabajando en los protocolos de regreso a la actividad presencial en las instituciones de Entre Ríos, una vez que las condiciones sanitarias lo permitan.
La decisión se confirmó a través la resolución 553/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que en el marco de la emergencia sanitaria «prorroga por el término de UN (1) año, contado desde la fecha de su vencimiento, la categorización e inscripción de los servicios de atención y rehabilitación para personas con discapacidad, efectuadas por las autoridades competentes de cada jurisdicción, cuyo vencimiento opere entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, inclusive».
En Entre Ríos este trámite de evaluación y categorización es realizado por la Junta Evaluadora de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, también llamada Junta Categorizadora, que funciona bajo la órbita del Iprodi y está conformada por profesionales de distintas disciplinas: médico, trabajador social o asistente social, psicólogo y arquitecto.
La categorización, trámite que realiza dicha Junta, es la acreditación del cumplimiento de los requisitos de organización y funcionamiento de los establecimientos de atención y/o rehabilitación, en una solicitud que es de carácter voluntario.
La categorización y posterior inscripción de los prestadores en el Registro Nacional de Prestadores les permite a las instituciones formar parte del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, y en consecuencia arancelar sus prestaciones de conformidad con el nomenclador vigente para ellas y celebrar en ese marco contratos con las Obras Sociales Nacionales u otros organismos obligados a financiar las prestaciones.
A partir del procedimiento de categorización e inscripción de los prestadores provinciales en el Registro Nacional, las instituciones entrerrianas inscriptas pueden autosustentarse en el tiempo.
Cabe recordar que una medida similar se llevó adelante de manera reciente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que es un documento de carácter individual y cuya validez fue extendida por un año en aquellos casos en que los beneficiarios debían renovar el documento en 2020.