La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) consideró que esa vía expresada por ambas partes garantiza el «respeto al principio de legalidad y a la seguridad jurídica».
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) consideró que la instancia de diálogo a la que llegaron tanto el Gobierno de la Nación como el CEO de Vicentin para debatir sobre la estatización de la empresa es positiva, al tiempo que comunicaron su rechazo a la iniciativa del presidente Alberto Fernández debido a que «es la empresa privada la generadora de progreso a través de su función productiva».
En un comunicado, la institución se expresó en la misma línea que cámaras colegas, territoriales y sectoriales que se habían manifestado en desacuerdo con la «declaración de utilidad pública y expropiación de una empresa privada», aunque destacaron como «positiva la apertura de una instancia de diálogo empresa-gobierno para arribar a una solución, sin necesidad de recurrir a medidas extremas».
«Destacamos la necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad y a la seguridad jurídica en nuestro país, que constituye una condición necesaria para el desarrollo de las empresas privadas y las inversiones, componentes esenciales en la salida de la recesión económica, a partir de la producción y la generación de empleo», enfatizó en el texto enviado a los medios periodísticos.
Asimismo, la UIPBA insistió en que «es la empresa privada la generadora de progreso a través de su función productiva», y, en ese sentido, «el sector industrial ha demostrado tener la responsabilidad y la capacidad de proveer en tiempo y forma el abastecimiento al consumidor local, y a los mercados internacionales a pesar de los problemas estructurales» de la economía argentina y de la profundización de los mismos en el contexto actual.
A modo de conclusión, señaló que es fundamental «el respeto al Estado de Derecho» por medio de garantizar la seguridad jurídica y transparencia, «factores imprescindibles para que la iniciativa privada contribuya al desarrollo y concrete nuevas inversiones necesarias con el objetivo de dinamizar la economía».
Esta jornada viernes, el fiscal federal, Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por defraudación a Vicentin ordenó una serie de medias de prueba para avanzar con la causa de investigación penal.
El letrado recibió esta semana más de 70 archivos con información y documentación de la compañía, a raíz de la deuda de $18.500 millones con el Banco Nación.