El ministro de Justicia de Brasil, el ex juez Sérgio Moro, renunció ayer al cargo provocando un terremoto político que puede terminar en un juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, al que acusó de varios delitos, entre ellos intentar interferir en investigaciones de la Policía Federal en curso contra sus hijos.
A media tarde Bolsonaro rechazó las acusaciones de Moro y aseguró que está en busca de una nominación para ser el futuro juez del Supremo Tribunal Federal en noviembre. «No puedo aceptar mi autoridad confrontada por cualquier ministro», afirmó Bolsonaro en un pronunciamiento en el Palacio del Planalto y subrayó que «el gobierno sigue y no puede perder su continuidad por cuestiones personales».
Sin embargo, casi al mismo tiempo, el fiscal general de Brasil, Augusto Aras, solicitó formalmente a la Suprema Corte una autorización para investigar las denuncias de Moro contra el presidente, porque «la dimensión de los episodios narrados en la declaración del ministro (Moro) revelarían la práctica de delitos, imputando al presidente, pero también podría caracterizar el delito de denuncia calumniosa».
Es el momento más crítico del gobierno de Bolsonaro, sobre todo por el peso que tiene la figura de Moro, el juez que comandó la Operación Lava Jato y puso en prisión en 2018 al líder opositor y ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción, cuando lideraba ampliamente las encuestas de intención de voto, y que ahora se perfila como una figura presidenciable para 2022.
«Cuando asumí me prometieron carta blanca para actuar pero el presidente quiso interferir en el trabajo de las investigaciones de la Policía Federal», acusó hoy Moro, cuya salida se dio porque Bolsonaro echó sin consultarlo al titular de esa fuerza, el comisario Mauricio Valeixo.
Moro fue convocado por Bolsonaro para obtener el apoyo de las clases medias que se levantaron contra el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula por el escándalo de Lava Jato, y esa representación ahora se ha caído del gobierno.